RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTGP/W/30
9 de mayo de 2001
(01-2395)
Grupo de Trabajo sobre la Transparencia
de la Contratación PúblicaOriginal:  francés
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TÚNEZ
Comunicación de Túnez
La Misión Permanente de Túnez ha enviado a la Secretaría la comunicación siguiente, con
fecha de 4 de mayo de 2001, solicitando que sea distribuida a los Miembros.
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1. Presentación
El objetivo de la contratación pública es satisfacer una serie de necesidades muy variadas, ya
sean obras o suministros de bienes y servicios, cuya realización condiciona el crecimiento de las
economías y el bienestar de la población.  Constituye un desafío financiero importante ya que el
volumen total de la contratación pública se estima, según las distintas economías, en alrededor
del 10-15 por ciento del PIB.
En Túnez es de un 15 por ciento del PIB y supone casi la mitad del presupuesto del Estado.No obstante, es preciso subrayar que la contratación pública no constituye solamente un peso
financiero importante;  representa también un incentivo prioritario para la promoción del sector
privado y el desarrollo de los intercambios comerciales.
Para poder garantizar la mejor asignación posible de los recursos financieros disponibles, y a
fin de adquirir bienes y servicios competitivos en términos de calidad y de coste, Túnez ha
considerado necesario establecer un marco jurídico adecuado definiendo las reglas y procedimientos
que deberán seguirse para la celebración de los contratos públicos.
Actualmente el sector de la contratación pública está regulado por un conjunto de textos
legislativos y normativos;  el texto de base, de 1989, ha sido actualizado periódicamente para tener en
cuenta el entorno económico.  Esta normativa consagra tres principios fundamentales:  el libre juego
de la competencia, la transparencia en la atribu ción de los contratos públicos y el mantenimiento de
los principios de buena gestión.
Este dispositivo incluye varios procedimientos:  publicidad en los periódicos, envío de las
ofertas en plicas selladas, apertura de las plicas, examen detenido de las ofertas, control por las
comisiones de contratación, etc.  No obstante, por muy numerosos que sean, no se trata de
procedimientos muy complejos y responden de hecho a técnicas destinadas a preservar los tresprincipios mencionados y a garantizar la buena gestión de los fondos públicos y el trato equitativo de
los candidatos frente a las adquisiciones públicas.WT/WGTGP/W/30
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2. El libre juego de la competencia y la transparencia
La reglamentación no ha olvidado ningún aspe cto de estos principios.  Ha sometido las
compras públicas a la competencia más amplia posible con el fin de garantizar la mejor inversión,
tanto desde el punto de vista de la calidad como del precio.  Ha considerado la transparencia un
principio fundamental íntimamente ligado al libre ju ego de la competencia, como puede observarse en
las distintas fases del proceso de contratación pública.
En lo que respecta a los documentos de licitación, los pliegos de condiciones técnicas deben
definir el objeto del contrato y sus condiciones de ejecución.  Deben establecer también las
condiciones de participación, los criterios de selección y su ponderación e indicar las obligaciones y
derechos de las partes interesadas.
Los criterios de selección establecidos por la normativa son el valor técnico de las
prestaciones, las garantías profesionales y financieras de los candidatos, el precio, el plazo de
ejecución, etc...  Los compradores públicos podrán adoptar otros criterios de selección, siempre que se
ajusten al objeto del contrato y a sus condiciones de ejecución.
Además, la reglamentación establece que las prestaciones deberán estar expresadas
claramente.  Las especificaciones y contenido deberán determinarse de forma precisa, haciendo
referencia a las especificaciones técnicas previamente establecidas y, en su caso, a las normas
nacionales o internacionales indicadas expresamente.  Se prohíbe cualquier mención de marca o de
elementos que pudieran orientar la adquisición hacia un producto dado.
Respecto a las formas de adjudicación, y para garantizar mejor el libre juego de la
competencia y la transparencia, la reglamentación favorece el procedimiento de licitación.  Aunque
algunas disposiciones permiten el recurso al procedimiento de mutuo acuerdo, se trata de un
procedimiento excepcional que sólo se aplica en los casos concretos enumerados en la normativa,como los casos de extrema urgencia debido a circunstancias imprevisibles o las prestaciones en
concepto de investigación, ensayo, experimentación, etc.
Incluso en los casos en que se recurre al procedimiento de mutuo acuerdo o por negociación
directa, los organismos públicos adquirentes tienen la obligación de permitir en la mayor medida
posible el juego de la competencia, a no ser que exista la obligación de dirigirse a un proveedor
determinado por motivos justificados.
Además, y siempre en el marco del libre juego de la competencia y la transparencia, la
reglamentación impone que los anuncios de licitación tengan la mayor publicidad posible, y puedan
llegar a todos los proveedores interesados.
Respecto a las modalidades de envío, recepción y apertura de plicas, la reglamentación
tunecina prevé medidas cautelares para garantizar una transparencia total en todas las operaciones de
esta fase.  Así pues, todas las ofertas deberán enviarse por correo certificado en un plazo indicado en
el pliego de condiciones.  Dicho plazo, que en ningún caso deberá ser inferior a 20 días, permite
informar oportunamente a los posibles licitadores sobre la cartera de licitaciones públicas y lesconcede tiempo suficiente para prepararse para la competencia y presentar ofertas de calidad.  Toda
oferta que no cumpla estas condiciones formales o llegue fuera de plazo es rechazada
automáticamente.
La apertura de plicas la realiza una comisión, que actúa como órgano colegiado, en presencia
del interventor de gestión (el interventor de gastos para los contratos del Estado y el interventor del
Estado para los contratos de las empresas públicas) y, generalmente, en presencia de los participantes.WT/WGTGP/W/30
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En los casos excepcionales en los que la apertura de plicas no es pública por razones de
urgencia, por ejemplo, el gestor tiene la obligación de exponer en un tablón de anuncios los resultados
de la apertura inmediatamente después de la reunión de la comisión.
En lo que se refiere al examen de las ofertas y la selección del proveedor, la reglamentación
obliga, por motivos de transparencia, a confiar esta labor a una comisión que procede a analizar las
ofertas, eliminando las que no sean conformes, y a clasificar las demás aplicando exclusivamente y de
manera rigurosa los criterios de selección y las ponderaciones previstas en el pliego de condiciones,
bien entendido que dichos documentos se comuni can obligatoriamente a todos los candidatos, los
cuales en ninguna circunstancia podrán modificar posteriormente sus ofertas.
Al terminar estos trabajos, la comisión elabora un informe detallado en el que se describen los
datos principales del procedimiento de adjudicación de los contratos y propone, habida cuenta de
dicha clasificación, la oferta que considera mejor, es decir, la más ventajosa desde el punto de vista de
la relación calidad–precio en función de los criterios de selección establecidos previamente.
Hay que destacar que la normativa no sólo pretende establecer grandes principios, como el de
la transparencia, y organizar los procedimientos que la consagran, sino también garantizar su buena
aplicación mediante un control obligatorio, una de cuyas atribuciones es velar por el respeto de la
reglamentación.
3. Sistema de control
Las adquisiciones públicas afectan a los fondos públicos, lo que implica la obligación de
rendir cuentas de su gestión en distintas fases de su utilización.  La reglamentación prevé, además de
un control paralelo por parte de las inspecciones y un control a posteriori  del Tribunal de Cuentas, un
dispositivo de control previo cuyo instrumento principal son las comisiones de contratación.  Sobre la
base de la sinceridad y la regularidad, la misión del control es sacar a la luz las irregularidades yfallos, antes de que se produzcan, y examinar las diferencias que enfrentan a las partes interesadas.
Estas comisiones están compuestas por miembros que representan a las principales
administraciones interesadas en el sector de los contratos públicos.
Las posibilidades de intervención del control preventivo son tan variadas como las fases que
se suceden durante el procedimiento de adjudicación de estos contratos, desde la redacción de lospliegos de condiciones hasta el cierre del contrato.
Se trata de un control de naturaleza esencialmente consultiva, ya que adopta la forma de
dictámenes fundamentados notificados al Jefe de la  Administración o al Presidente o Director General
de la empresa pública de que se trate.
4. Impugnación y solución de diferencias
De conformidad con la reglamentación, todos los problemas, impugnaciones o diferencias
deberán presentarse ante la comisión de contratación pública competente, que examina las
reclamaciones y la posición de cada una de las partes, de conformidad con la reglamentación y emiteun dictamen fundamentado.
Si persistiese la diferencia, podrá solucionarse amistosamente ante un comité ad hoc  presidido
por un miembro del Tribunal Administrativo e integrado por el representante de la profesión y el de la
Comisión Superior de Contratación Pública.  Este comité concilia los puntos de vista de ambas partesy propone la solución que le parece más adecuada en equidad.WT/WGTGP/W/30
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Si las partes no aceptan la solución amistosa del comité, cada una de ellas podrá recurrir al
arbitraje o acudir a los tribunales.
5. Fomento de la producción nacional a través de la contratación pública
Debido a la diversidad de sectores que implican, a la importancia del volumen de fondos
públicos que supone y a su incidencia sobre los mecanismos de producción, la contratación pública
constituyen también un instrumento de intervención del Estado en la economía.
Con esta idea, y a semejanza de los sistemas de otros países, la reglamentación en materia de
contratos públicos ha previsto una serie de medidas para fomentar la industria nacional, invitando a
los proveedores extranjeros, si se trata de un anuncio de licitación internacional, a asociarse con
empresas tunecinas o a garantizar una subcontratación local óptima.
A este respecto, hay que subrayar que los organismos internacionales y los proveedores de
fondos, como el Banco Mundial, aceptan la asociación y la subcontratación y conceden a los
productos nacionales un tipo preferencial del 15 por ciento.
En el contexto actual, caracterizado por la globalización de los intercambios y la apertura de
los mercados, la reglamentación tunecina en materia de contratación pública tiene prevista una
reducción progresiva del margen de preferencia a favor de los productos de origen tunecino, que se
suprimirá totalmente a partir del año 2004.
Finalmente, no puedo terminar esta exposición sin mencionar las medidas más recientes
adoptadas por Túnez para reforzar la transparencia y la eficacia del sistema de contratación pública,
medidas que se dirigen al establecimiento de instrumentos eficaces de información y gestión mediante
el recurso a las tecnologías de la información y la oferta de la formación necesaria para el conjunto de
los agentes implicados en la contratación pública.
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