ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/MAR/1
18 de abril de 2001
(01-1953)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  francés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE OBSERVANCIA1
Respuestas de Marruecos
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En los litigios relacionados con la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la
competencia de los tribunales se determina en función del derecho que es objeto de la acción judicial
y de la condición jurídica de la parte demandada.
Así, en materia de propiedad industrial, la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la
propiedad industrial, establece que los tribunales de comercio son los únicos que tienen competenciapara entender de litigios en esta esfera.  Las decisiones adoptadas por estos tribunales pueden
recurrirse ante el Tribunal de Apelación de Comercio, cuyas decisiones pueden ser a su vez objeto de
recurso ante el Tribunal Supremo.  Las decisiones adoptadas por el Tribunal de Apelación de
Comercio y por el Tribunal Supremo pueden confirmar o revocar las decisiones adoptadas por los
tribunales de comercio.
Las acciones judiciales civiles relacionadas con infracciones de los derechos del obtentor (tal
como se definen en la Ley N° 9-94 sobre la protección de obtenciones vegetales) y de los derechos de
autor y derechos conexos (tal como se definen en la Ley N° 2-00, relativa a los derechos de autor y
derechos conexos), se interponen ante los tribunales de primera instancia situados en la cabeza de
distrito de la circunscripción de los tribunales de apelación.  Las sentencias dictadas en primera
instancia pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación.  En última instancia, las partes en conflictopueden interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
De conformidad con las disposiciones de la Ley N° 41-90, por la que se crean los tribunales
administrativos, cuando la parte demandada sea una administración o persona de derecho público,
serán los tribunales administrativos los que tengan competencia para entender de litigios relacionadoscon la infracción de un derecho.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
El artículo 1 del Código de procedimiento civil establece que "sólo podrán iniciar una acción
judicial quienes estén legitimados para hacer valer sus derechos y tengan capacidad e interés en ello.
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/MAR/1
Página 2
El juez señalará de oficio la falta de legitimación, capacidad o interés, o la falta de autorización,
cuando ésta sea exigida". De conformidad con estas disposiciones, cualquier persona física o jurídica
titular de derechos de propiedad intelectual puede hacer valer sus derechos, después de abonar una
tasa judicial, salvo en caso de beneficio de justicia gratuita.
¿Cómo pueden estar representadas estas personas?
Las personas físicas o jurídicas titulares de derechos sobre obtenciones o de derechos de
propiedad industrial que no tengan domicilio o sede social en Marruecos, deben nombrar a un
mandatario que tenga su domicilio o sede social en Marruecos.  En virtud del artículo 33 del Código
de procedimiento civil, "el mandatario deberá estar domiciliado en la jurisdicción del órgano
correspondiente.  El nombramiento de un mandatario equi vale a la fijación de domicilio en el de dicha
persona.  Entre quienes no gocen, por su profesión, del derecho de representación ante la justicia, el
mandatario sólo podrá ser el cónyuge, un familiar o pariente por afinidad en línea directa o en línea
colateral hasta el tercer grado inclusive".
En materia de derechos de autor, los autores pueden ser representados por la Oficina de
Derechos de Autor de Marruecos.
Para iniciar una acción judicial, todos los titulares de derechos de propiedad intelectual deben
estar representados por un abogado inscrito en la lista de un colegio de abogados de Marruecos.
En efecto, el artículo 31 de la Ley N° 1-93-162, en virtud de la cual se regula la profesión de
abogado, establece que "los abogados inscritos en la lista de un colegio de abogados del Reino serán
los únicos habilitados, en sus funciones de representación y asistencia a las partes, para presentar las
demandas, conclusiones y escritos de contestación en todos los asuntos con excepción de los penales,
los relacionados con la pensión alimenticia ante los tribunales de primera instancia y los tribunales deapelación y de los asuntos que sean competencia en último término de los tribunales de primera
instancia".
Sin embargo, en virtud de las disposiciones del mismo artículo, "los abogados que ejerzan en
un país extranjero vinculado a Marruecos por un convenio que disponga que los nacionales de cada
uno de los Estados contratantes tienen acceso a la profesión de abogado en el otro, podrán presentarse
ante los órganos jurisdiccionales marroquíes, con la condición de que fijen su domicilio en el de unabogado inscrito en un colegio de abogados del Reino y, a menos que el citado convenio les dispense
de ello, de que reciban una autorización especial del Ministerio de Justicia en relación con cada
asunto".
¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho ante el tribunal?
Por lo general, la comparecencia personal del titular del derecho ante el tribunal no es
obligatoria.  No obstante, en ciertas circunstancias puede exigirse efectivamente la comparecencia del
titular del derecho, como por ejemplo para escuchar  su declaración o proceder a una confrontación.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Esta facultad se concede a las autoridades judiciales en varias disposiciones, en particular las
del Código de procedimiento civil y el Dahir por el que se establece el Código de obligaciones y
contratos.IP/N/6/MAR/1
Página 3
En efecto, el artículo 55 del Código de procedimiento civil establece que "el juez podrá, bien
a petición de ambas partes o de una sola, bien de oficio, antes de dictar sentencia sobre el fondo,
ordenar un peritaje, una inspección ocular, una encuesta, una intervención de cuentas o cualquier otra
diligencia de prueba".
Asimismo, no podrá ordenarse judicialmente la comunicación a la otra parte de los libros e
inventarios de comerciantes y de la contabilidad doméstica en los asuntos relacionados con la
colación de bienes, con comunidades, empresas, en los demás casos en los cuales los libros sean
comunes a las partes y en caso de dificultades financieras (artículo 435 del Código de obligaciones y
contratos y artículo 545 de la Ley N° 15-95, por la que se establece el Código de comercio).  Podrá
ordenarse, bien de oficio, bien a petición de una de las partes, la comunicación o la representación
durante un litigio, o incluso antes de que se haya producido una contestación, cuando se justifique unanecesidad suficiente y sólo en la medida en que lo exija dicha necesidad (artículo 435 del Código de
obligaciones y contratos y artículo 22 de la Ley N° 15-95, por la que se establece el Código de
comercio).  La representación consiste en extraer de la contabilidad los únicos asientos que
conciernan al litigio sometido al tribunal (artículo 23 de la Ley N° 15-95, por la que se establece el
Código de comercio).
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Esta situación está prevista en numerosas disposiciones de la legislación.
En lo referente al Estatuto general de la función pública, las disposiciones del artículo 18
imponen a todos los funcionarios la obligación de la discreción profesional en todo lo concerniente a
los hechos e informaciones de que tengan conocimiento en el ejercicio o desempeño de sus funciones,
sin perjuicio de las normas establecidas en el Código penal en materia de secreto profesional.
En cuanto al Código de procedimiento penal, el artículo 15 establece que "el procedimiento
durante la encuesta o la instrucción es secreto.  Cualquier persona que participe en dicho
procedimiento estará obligada a respetar el secreto profesional en las condiciones y bajo pena de las
sanciones previstas en el Código penal".
El Código de obligaciones y contratos contiene también diversas disposiciones relativas a las
obligaciones del Estado, de sus agentes y de los magistrados que entienden de la materia.  El Estado
es responsable de los daños causados directamente por el funcionamiento de sus administraciones y
por el comportamiento lesivo de sus agentes (artículo 79).  Los agentes del Estado son responsables
personalmente de los daños causados con dolo o por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus
funciones.  El Estado sólo podrá ser demandado por estos daños en caso de insolvencia de losfuncionarios responsables (artículo 80).  El magistrado que renunciare a los deberes propios de su
cargo será responsable civilmente ante la parte perjudicada, en los casos en que proceda interponer
una acción judicial en su contra (artículo 81).
Según el artículo 2 de la Ley N° 41-80, por la que se crea y regula un cuerpo de agentes
judiciales, entre las atribuciones de estos agentes figuran "la facultad de proceder personalmente a
todas las notificaciones necesarias para la instrucción de los procedimientos y levantar todas las actas
exigidas para la ejecución de los mandamientos, los juicios y las sentencias, cuando no se haya
precisado el modo de notificación, y hacer ejecutivas las decisiones judiciales, así como los actos y
títulos que tengan fuerza ejecutiva, sin perjuicio de que notifiquen las posibles dificultades".
Sin embargo, los agentes judiciales se exponen a diversas sanciones y penas en caso de
incumplimiento de sus obligaciones profesionales, de conformidad con las disposiciones de los
artículos 19 a 21 de la Ley N° 41-80, por la se crea y regula un cuerpo de agentes judiciales.IP/N/6/MAR/1
Página 4
Por otra parte, los abogados no deben divulgar información sobre ningún asunto en violación
del secreto profesional.  En particular, deben respetar el secreto de la instrucción penal y abstenerse de
comunicar cualquier información tomada de los expedientes o de publicar extractos, documentos o
cartas relacionados con un asunto en curso de instrucción (artículo 36 de la Ley N° 1-93-162, por la
que se regula el ejercicio de la profesión de abogado).
En lo referente en particular a las obtenciones vegetales, cabe señalar que el artículo 71 de la
Ley N° 9-94, sobre la protección de las obtenciones vegetales, establece que "se protegerán los
secretos de producción o comerciales de las partes interesadas.  Sólo se informará a la parte contraria
de las pruebas que pudieran revelar dichos secretos en una medida compatible con su salvaguardia".
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de losabogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
Las autoridades judiciales están habilitadas a dictar distintos tipos de decisiones:
notificaciones, requerimientos u otras medidas de urgencia, autos provisionales, apremios de pago,sentencias firmes o de otro tipo.
- Las notificaciones, los requerimientos u otras medidas de urgencia:
podrán ordenarse en cualquier asunto, no contemplado por una disposición especial y
sin perjuicio de los derechos de ambas partes, después de que el presidente del
tribunal haya fallado previa demanda (artículo 148 del Código de procedimientocivil).
- Los autos provisionales:
son de carácter exclusivamente provisional y se toman sin perjuicio del fallo final
sobre el fondo (artículo 152 del Código de procedimiento civil).  Son ejecutivos con
carácter provisional.  Sin embargo, el juez competente para la adopción de autos
provisionales puede subordinar su ejecución a la presentación de una fianza
(artículo 153 del Código de procedimiento civil).  Asimismo, puede ordenar un
secuestro o cualquier otra medida cautelar, independientemente de que se hayainiciado o no el procedimiento, ante el juez de sentencia (artículo 149 del Código de
procedimiento civil).
- Los apremios de pago:
pueden ordenarse después de una solicitud de pago de una suma superior
a 1.000 dirhams, devengada en virtud de un título o de un pagaré válido (artículo 155
del Código de procedimiento civil).IP/N/6/MAR/1
Página 5
- La sentencia:
no es firme si la decisión puede ser recurrida (artículo 150 del Código de
procedimiento civil).  Sin embargo, puede ordenarse su ejecución provisional con o
sin fianza, en función de las circunstancias del caso, que deberán precisarse(artículo 147 del Código de procedimiento civil).
- La sentencia firme
supone el fin de la acción, al zanjar sobre la cuestión objeto del proceso.
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
De conformidad con el artículo 77 del Código de obligaciones y contratos, cualquier daño
material o moral causado con dolo y voluntariamente a otra persona obliga a su autor a reparar el
daño, cuando se establece que su autor es el causante directo.
El artículo 84 del Código de obligaciones y contratos precisa que puede ordenarse el pago de
daños y perjuicios en virtud de ciertas prácticas que infrinjan los derechos de propiedad industrial.
La Ley 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial, prevé el pago de
indemnizaciones a la parte perjudicada a petición de ésta, en los casos de infracción de un derecho de
propiedad industrial relacionado con las patentes de invención (artículo 212), a las topografías de
circuitos integrados (artículo 218), los dibujos y modelos industriales (artículo 220), las marcas de
fábrica o de comercio (artículo 224), las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen
(artículo 183).
Como resarcimiento del daño moral y material padecido por el titular del derecho, la
Ley 2-00, relativa a los derechos de autor y los derechos conexos, garantiza el pago de los daños y
perjuicios al titular de los derechos, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 62.  Según esta Ley,
cuando existe el peligro de la prosecución de los actos que constituyen una infracción, las autoridades
judiciales ordenan expresamente el cese de dichos actos.  Fijan además un importe equivalente como
mínimo al 50 por ciento del valor de la operación (párrafo 6 del artículo 62).
En caso de infracción de un derecho de obtentor, el artículo 67 de la Ley 9/94, sobre la
protección de las obtenciones vegetales, establece que se tendrá en cuenta el valor de los objetos
confiscados en el cálculo de la indemnización atribuida al beneficiario de la condena.
En cuanto a la reparación de los gastos, el artículo 124 del Código de procedimiento civil
establece que "cualquier parte condenada, ya se trate de un particular o de una administración pública,
deberá sufragar los gastos.  En función de las circunstancias de cada caso, los gastos podrán
compensarse parcial o totalmente".
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
La Ley sobre los derechos de autor y los derechos conexos autoriza, en virtud del párrafo 4 de
su artículo 62, la destrucción de los ejemplares realizados infringiendo los derechos, así como su
embalaje, o su apartamiento de los circuitos comerciales, con objeto de evitar perjuicios al titular del
derecho.IP/N/6/MAR/1
Página 6
La Ley sobre los derechos de autor y los derechos conexos autoriza también, en virtud del
párrafo 5 de su artículo 62, la destrucción, dentro de unos límites razonables, del material utilizado
para cometer o seguir cometiendo actos que constituyan una infracción, o su apartamiento de los
circuitos comerciales, con objeto de reducir al mínimo el peligro de nuevas infracciones, o su cesión
al titular del derecho.
La Ley N° 17/97, relativa a la protección de la propiedad industrial, prevé, en su artículo 212,
sobre las acciones judiciales civiles referentes a las patentes de invención, la posibilidad de que el
tribunal ordene la confiscación, en beneficio de la parte reclamante, cuando sea necesario, de objetos
declarados falsificados y de los instrumentos o medios especialmente destinados a la realización de la
falsificación.  Las mismas disposiciones son aplicables en caso de infracción de un derecho de
propiedad industrial relacionado con los dibujos y modelos industriales (artículo 220), o con lasmarcas de fábrica, de comercio o de servicios (artículo 224).
En cuanto a las infracciones dolosas de los derechos del titular de un certificado de obtención
vegetal, el artículo 73 de la Ley N° 9-94, sobre la protección de las obtenciones vegetales, confiere al
tribunal la posibilidad de dictaminar la destrucción del producto y/o del material de multiplicación ode reproducción objeto del litigio.
Otras medidas
El artículo 208 de la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial, prevé la
privación, por un período máximo de cinco años, del derecho de formar parte de las cámaras
profesionales.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los tercerosque hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
sus circuitos de distribución?
Las autoridades judiciales están facultadas en varios casos para ordenar a los infractores que
informen al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes y servicios respecto de los cuales se haya determinado queinfringen un derecho, así como sobre sus circuitos de distribución.
En efecto, en el marco de las diligencias de prueba (encuestas, peritaje, inspección ocular,
etc.) ordenadas en virtud de los artículos 59 y siguientes del Código de procedimiento civil, el juez
puede exigir al infractor que revele la identidad de sus cómplices o coautores.
En un procedimiento de urgencia, el titular del derecho puede solicitar al presidente del
tribunal de primera instancia que obligue al infractor a revelar la identidad de sus cómplices o que le
interrogue al respecto, por mediación de un agente judicial (artículo 148 del Código de procedimiento
civil).
Por otra parte, de conformidad con las disposiciones del artículo 264 del Dahir sobre
obligaciones y contratos, el juez puede comunicar al infractor que será condenado al pago de daños y
perjuicios al titular del derecho si no informa a este último sobre la identidad de sus cómplices o
coautores, que podrían asumir una parte de su responsabilidad.IP/N/6/MAR/1
Página 7
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
El artículo 203 de la Ley 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial, prevé que,
en una acción por infracción, el juez puede subordinar la prohibición de la prosecución de los
presuntos actos infractores, con carácter provisional y mediante apremio, a la constitución por el
reclamante de garantías destinadas a asegurar la indemnización del perjuicio padecido por el
demandado si la acción por infracción se considerar a ulteriormente carente de fundamento.  El citado
artículo establece asimismo que la solicitud de prohibición o de constitución de garantía sólo es
admisible si la acción parece tener un fundamento jurídico serio y se ha interpuesto en un plazomáximo de 30 días a partir del momento en que el propietario tuvo conocimiento de los hechos en los
que se basa.
En la misma línea, el artículo 222 de la Ley 17-97, relativa a la protección de la propiedad
industrial, establece que la ejecución del mandamiento judicial del presidente del tribunal relativo a ladescripción precisa con o sin toma de muestras, o a la confiscación de los productos o los servicios
que el propietario de una marca registrada o el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación
declaran que fueron marcados, puestos en venta, suministrados o prestados en perjuicio del titular,
violando sus derechos, puede subordinarse a la constitución por el reclamante de un depósito
destinado a garantizar la indemnización del perjuicio padecido por el demandado si la acción porinfracción se declara ulteriormente carente de fundamento.
Asimismo, el artículo 70 de la Ley 9-94, sobre la protección de las obtenciones vegetales,
establece que "cuando se presenta una acción por infracción al tribunal, su presidente recibe la
demanda y dicta autos provisionales, pudiendo prohibir, con carácter provisional y mediante apremio,la prosecución de los presuntos actos infractores, o subordinar dicha prosecución a la constitución de
garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular del certificado de obtención vegetal o del
beneficiario de un derecho exclusivo de explotación".
Por otra parte, el artículo 153 del Código de procedimiento penal permite que el juez
subordine la ejecución de un auto provisional a la constitución de una fianza por la parte reclamante.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
En principio, la duración y el costo de los procedimientos no son fijos;  ambos elementos
están en función de una serie de factores como la naturaleza y la complejidad del asunto, los
honorarios de los abogados, la actitud adoptada por cada una de las partes y los principios aplicables
al proceso.
Sin embargo, la Ley N° 53-95, por la que se establecen los órganos jurisdiccionales de
comercio, enuncia varias disposiciones encaminadas a la limitación temporal del procedimiento
aplicado por estos tribunales.  En efecto, su artículo 6 establece que "como excepción a las
disposiciones del artículo 17 del Código de procedimiento civil, el tribunal de comercio deberá emitir
un dictamen acerca de la declinatoria de jurisdicción sobre el asunto que juzga en una sentencia
independiente y en un plazo de ocho días.  La sentencia relativa a la competencia jurisdiccional podráser recurrida en un plazo de diez días a partir de su notificación".  El artículo 14 de la citada Ley
establece que "el presidente del tribunal nombrará, desde el momento del registro de la solicitud, un
juez ponente, al que transmitirá el expediente en un plazo de 24 horas.  El juez ponente convocará a
las partes a la vista más próxima en el tiempo, cuya fecha habrá fijado".  Posteriormente, "cuando el
asunto no esté preparado para ser visto, el tribunal de comercio podrá posponerlo hasta una vistaIP/N/6/MAR/1
Página 8
próxima o reenviarlo al juez ponente.  Sea como fuere, el juez ponente deberá volver a presentar el
asunto en audiencia en un plazo máximo de tres meses" (artículo 16).
En cuanto a la ejecución de las sentencias y los mandamientos judiciales, el artículo 23 de la
Ley N° 53-95, por la que se establecen los órganos jurisdiccionales de comercio, precisa que "elagente encargado de la ejecución notificará a la parte condenada la decisión que debe ejecutar y la
emplazará a aceptarla o a informarle de sus intenciones, en un período que no supere los diez días a
partir de la fecha de registro de la demanda de ejecución.  El agente encargado de la ejecución debe
levantar acta de embargo ejecutivo o una exposición de los motivos que le impidieron llevar a cabo
dicha ejecución, en un plazo de 20 días a partir de la expiración del plazo de intimación".
En cuanto a las costas judiciales, el artículo 125 del Código de procedimiento civil precisa
que el importe de las costas abonadas se indicará en la sentencia sobre el litigio, a menos que se haya
podido proceder a su liquidación antes del fallo de la sentencia.  En este último caso, la liquidación de
las costas se hará de acuerdo con un auto provisional del juez, que se incluirá en el expediente del
procedimiento.
En virtud del artículo 127 del Código de procedimiento civil, "el experto, el intérprete y las
partes podrán, en un plazo de diez días a partir de la notificación de la condena al pago de impuestos,
impugnar dichos impuestos ante el presidente del tribunal de primera instancia.  La decisión adoptada
sobre esta impugnación no podrá recurrirse".
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s respuestas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
La legislación marroquí no contempla este tipo de medidas.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Pueden adoptarse varios tipos de medidas provisionales, en función de la categoría del
derecho que sea objeto de la infracción.
Así, la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial, prevé las siguientes
medidas provisionales:
- La prohibición, con carácter provisional y mediante apremio, de la prosecución de los
presuntos actos infractores (artículo 203).
- El embargo de los productos importados, previa demanda del Ministerio Público o de
cualquier interesado, de acuerdo con un auto provisional del presidente del tribunal,
de cualquier producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica, de comercio o deservicios o una marca comercial, así como de cualquier producto que lleve
indicaciones falsas en relación con el origen o la identidad del productor, el fabricante
o el comerciante (artículo 206).IP/N/6/MAR/1
Página 9
- El embargo de una patente se efectúa de conformidad con un auto provisional del
presidente del tribunal, notificado al titular de la patente, al organismo encargado de
la propiedad industrial y a las personas titulares de derechos sobre dicha patente
(artículo 76).  Se han establecido las mismas disposiciones para los dibujos o modelos
industriales (artículo 128) y las marcas de fábrica, de comercio o de servicios(artículo 159).
- La descripción precisa, la determinación del origen, del alcance de la falsificación,
con o sin embargo de los productos o procedimientos presuntamente falsificados en
materia de patentes y de dibujos y modelos industriales (artículo 211).
- La descripción precisa, con o sin toma de muestras, o el embargo de los productos o
servicios presuntamente marcados fraudulentamente (artículo 222).
En caso de infracción de un derecho relacionado con las indicaciones y las denominaciones
de origen, pueden solicitarse medidas cautelares, en virtud del artículo 183 de la Ley N° 17-97,
relativa a la protección de la propiedad industrial.
La Ley N° 9-94, sobre la protección de las obtenciones vegetales, prevé las medidas
siguientes :
- La descripción precisa, con o sin su embargo, de todos los vegetales o partes de
vegetales, los elementos de reproducción o de multiplicación vegetativa
presuntamente obtenidos infringiendo los derechos (artículo 64).
- La descripción precisa, con o sin su embargo, de las plantas, partes de plantas o
cualquier elemento de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedadpresuntamente falsificada (artículo 65).
- La posibilidad de exigir al reclamante una fianza, que deberá depositarse antes de que
se proceda al embargo de los productos presuntamente falsificados (artículo 66).
- La posibilidad de prohibir, mediante apremio, la prosecución de los presuntos actos
de falsificación, o de subordinar dicha prosecución a la constitución de garantíasencaminadas a garantizar la indemnización del titular del certificado de obtención
vegetal o del beneficiario de un derecho exclusivo de explotación.  La demanda de
prohibición o de constitución de garantías sólo será admisible si el asunto parece
tener un fundamento serio y se inició con brevedad respecto del día en que el titular
del certificado o el beneficiario del derecho exclusivo de explotación tuvieronconocimiento de los hechos que lo motivan.  La prohibición puede subordinarse a la
constitución por el reclamante de garantías destinadas a la indemnización del
perjuicio padecido por el demandado en cas o de que la acción por infracción se
considere ulteriormente carente de fundamento (artículo 70).
Las disposiciones de la Ley N° 2-00, sobre los derechos de autor y los derechos conexos,
establecen, en virtud de su artículo 61, las medidas provisionales siguientes:
- prohibición de la comisión de la infracción de cualquier derecho protegido o
mandamiento judicial que ordene su cese;  y
- prescripción, en virtud de un mandamiento judicial, del embargo de los ejemplares de
obras o grabaciones sonoras presuntamente realizados o importados sin la
autorización del titular del derecho protegido en virtud de la ley, cuando dicha
realización o importación estén supeditadas a una autorización, así como del embargoIP/N/6/MAR/1
Página 10
de los embalajes de dichos ejemplares, de los instrumentos que se hayan podido
emplear en su realización, y de los documentos, cuentas o documentación mercantil
relacionados con estos ejemplares, con los instrumentos que se hayan podido emplear
en su realización, y de los documentos, cuentas o documentación mercantil
relacionados con estos ejemplares.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
Estas medidas pueden ordenarse en virtud de la urgencia, de todas las dificultades anejas a la
ejecución de una sentencia o de un auto ejecutivo, o consistir en un mandamiento de secuestro, o
cualquier medida cautelar, independientemente de que el asunto se presente o no ante el juez desentencia.  Dichas medidas son adoptadas por el presidente del tribunal competente, que emite su
dictamen en calidad de juez competente para la adopción de autos provisionales.  Si el litigio se eleva
al tribunal de apelación, estas mismas funciones las ejercerá el primer presidente de este órgano
jurisdiccional (artículo 149 del Código de procedimiento civil).
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
La acción se inicia, previa demanda, ante el presidente del tribunal competente, que puede
subordinar a un mandamiento judicial, provisional si es necesario, la constitución por el reclamante de
garantías destinadas a la indemnización del perjuicio causado al demandado en caso de que el asunto
se considere ulteriormente carente de fundamento.  En ese caso, la garantía debe depositarse antes de
que el tribunal emita el mandamiento.
El mandamiento se mantiene hasta que se haya juzgado el fondo del asunto, o hasta que el
demandado aporte al tribunal la prueba de que sus intereses pueden padecer un perjuicio irreversible
por el mantenimiento del mandamiento.
Los plazos fijados en caso de aplicación del procedimiento previsto en estos artículos para
iniciar una acción sobre el fondo del asunto oscilan, según los casos, entre 15 y 30 días, bajo pena denulidad de las medidas provisionales aplicadas.
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento.
Sírvanse facilitar todos los datos disponibles sobre la duración real y el costo del
procedimiento.
La duración y el costo del procedimiento son habitualmente más reducidos que los
correspondientes al procedimiento sobre el fondo.
Al igual que en un procedimiento sobre el fondo, el reembolso de las costas de un
procedimiento provisional corresponde a la parte perdedora.
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
La legislación marroquí no prevé medidas similares.IP/N/6/MAR/1
Página 11
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañeninfracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro paíspor el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
El artículo 206 de la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial,
establece que, en el momento de la importación, por demanda del Ministerio Público o de cualquierinteresado y en virtud de un auto provisional del presidente del tribunal, se procederá al embargo de
cualquier producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica, de comercio o de servicios o una
marca comercial.  Se embargarán asimismo los productos que lleven indicaciones falsas sobre el
origen de los productos o la identidad del productor, el fabricante o el comerciante.
Los apartados a) y c) del artículo 53, el apartado b) del artículo 99 y el artículo 214 de la
citada Ley establecen asimismo, en caso de que el titular de los derechos de propiedad industrial
protegidos no diera su consentimiento, las medidas siguientes:
- la prohibición de la importación o la posesión con miras a la fabricación, la oferta, la
comercialización, la utilización del producto objeto de la patente y del producto
obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente;
- la prohibición de la importación, la venta o distribución de cualquier otra forma, con
fines comerciales, de una topografía protegida o de un circuito integrado que
incorpore una topografía protegida, o de un artículo que incorpore dicho circuito
integrado, únicamente en la medida en que este artículo siga conteniendo unatopografía reproducida ilícitamente;
- una sanción equivalente a la de los falsificadores para aquellas personas que hayan
ocultado, puesto en venta o vendido, introducido o exportado con dolo los productos
presuntamente falsificados.  Se aplicará la misma sanción a cualquier ayuda dolosa alautor de las infracciones contempladas supra .
El apartado b) del artículo 61 de la Ley N° 02-00, relativa a los derechos de autor y los
derechos conexos, confiere al tribunal competente para entender de acciones civiles la facultad de
ordenar el embargo de los ejemplares de las obras o las grabaciones sonoras presuntamente realizadaso importadas sin la autorización del titular del derecho, así como los embalajes de dichos ejemplares,
los instrumentos que pudieron emplearse en su realización y los documentos, cuentas o
documentación mercantil relacionados con dichos ejemplares, los embalajes de dichos ejemplares, los
instrumentos que pudieron emplearse en su realización y los documentos, cuentas o documentación
mercantil relacionados con dichos ejemplares.IP/N/6/MAR/1
Página 12
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
En la frontera, la importación de cualquier mercancía que pudiera infringir derechos de
propiedad intelectual es objeto de una intervención de la Administración de Aduanas e Impuestos
Indirectos, previa demanda del Ministerio Público o de cualquier interesado en virtud de una decisiónjudicial.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de lasautoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
El período de validez de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes para
suspender el despacho de aduanas de las mer cancías dura hasta el fin del procedimiento.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
Las autoridades aduaneras no están obligadas a actuar por iniciativa propia en esta esfera.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
El presidente del tribunal puede ordenar a las autoridades aduaneras que impidan el despacho
en aduana de las mercancías confiscadas mientras esté abierto el procedimiento judicial relativo a laacción por infracción.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
Al igual que en un procedimiento judicial civil, la intervención de los diferentes tribunales
facultados para entender de los asuntos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual
está en función de la categoría del derecho que haya sido objeto de la infracción y de la condiciónjurídica de la parte contra la cual se inicia la acción judicial.
Así, pueden interponerse acciones judiciales penales ante los tribunales de comercio en caso
de infracción de los derechos de propiedad industrial (artículo 15 de la Ley N° 17-97, relativa a la
protección de la propiedad industrial).
Las acciones judiciales penales derivadas de las infracciones de los derechos de obtentor de
variedades vegetales, a los derechos de autor y los derechos conexos, se interponen ante los tribunales
de primera instancia situados en la cabeza de distrito de la circunscripción de los tribunales de
apelación.IP/N/6/MAR/1
Página 13
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
Existen procedimientos y sanciones penales y pueden aplicarse contra cualquier persona que,
de manera intencional o por negligencia y con ánimo de lucro, infrinja los derechos morales y
patrimoniales de los autores de obras literarias y artísticas y de los titulares de derechos conexos, tal
como se definen en la Ley N° 02-00, relativa a los derechos de autor y derechos conexos.
En lo tocante a la propiedad industrial, los actos que presuntamente constituyen una
infracción penal, en virtud de la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial, son
las infracciones dolosas de los derechos del propietario de una patente, un dibujo o modelo industrial,una topografía de circuitos integrados, una marca comercial, una indicación de origen, una
denominación de origen, una recompensa industrial y una marca registrada de fábrica, de comercio o
de servicios.
Asimismo, pueden interponerse procedimientos y sanciones penales contra cualquier persona
que reincida con dolo en la infracción de los derechos del titular de un certificado de obtención
vegetal, tal como se define en el artículo 16 de la Ley sobre la protección de las obtenciones
vegetales, y contra cualquier persona que reincida en hacer valer indebidamente la condición de titular
de un certificado o de una solicitud de certificado de obtención vegetal.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
En virtud de las disposiciones del artículo 1 del Código de procedimiento penal, cualquier
infracción motiva una acción pública para la aplicación de las sanciones y, si se ha causado unperjuicio, a una acción civil para reparar dicho daño.
La acción pública se interpone contra el autor de la infracción, sus coautores o sus cómplices.
La inician y ejercen los magistrados o los funcionarios determinados por la legislación.  La parte
perjudicada también puede iniciar una acción pública (artículo 2 del Código de procedimiento penal).
Sin embargo, en virtud del artículo 74 de la Ley N° 9-94, sobre la protección de las
obtenciones vegetales, y del artículo 205 de la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la propiedad
industrial, en caso de una infracción de un derecho de propiedad intelectual definido por las dos leyes
citadas, el Ministerio Público sólo puede iniciar procedimientos penales previa reclamación de la
parte perjudicada.
En caso de infracción de las disposiciones previstas en el apartado a) del artículo 24, el
artículo 113 y los apartados a) y b) del artículo 135 de la Ley N° 17-97, relativa a la protección de la
propiedad industrial, el Ministerio Público ejerce rá por propia iniciativa una acción judicial, de
conformidad con el artículo 205 de la citada Ley.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Cualquier persona que considere que sus derechos protegidos han sido objeto de infracción
está legitimada para entablar procedimientos penales, de conformidad con las normas del Código deprocedimiento penal.IP/N/6/MAR/1
Página 14
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, tal como se definen en la
Ley N° 17-97, relativa a la protección de la propiedad industrial, están castigadas, en virtud de la
citada Ley, con las sanciones penales siguientes:
Patentes de invención
Cualquier infracción dolosa de los derechos del titular de una patente, tal como se definen en
los artículos 53 y 54 de la citada Ley, constituye una falsificación y está castigada con una pena dedos a seis meses de prisión y una sanción pecuniaria que oscila entre 50.000 y 500.000 dirhams
2, o
solamente con una de las dos sanciones.  En caso de reincidencia, las sanciones pueden doblarse.  A
efectos del presente artículo, hay reincidencia cuando se haya dictado, en los cinco años anteriores,
una condena irrevocable del acusado por hechos idénticos.  El tribunal también podrá ordenar la
destrucción de los objetos declarados falsificados que sean propiedad del falsificador, así como la delos accesorios o medios destinados especialmente a la realización de la falsificación (artículo 213).
Serán castigados con las mismas penas que los falsificadores quienes hayan ocultado,
expuesto, puesto en venta o vendido, introducido o exportado con dolo los productos presuntamente
falsificados.  Las mismas penas se aplicarán a cualquier ayuda dolosa al autor de las infraccionesmencionadas supra  (artículo 214).
Las sanciones previstas en los anteriores artículos 213 y 214 se elevarán a una pena de prisión
de seis meses a dos años y una sanción pecuniaria de 100.000 a 500.000 dirhams, o solamente a una
de las dos penas, si el falsificador es un asalariado que ha trabajado en los talleres o locales del titular
de la patente.  Se expone a las mismas penas el asalariado que se asocie al falsificador después de
haberle comunicado los procedimientos descritos en la patente.  El asalariado podrá ser perseguido deconformidad con las disposiciones del artículo 447 del Código penal (artículo 215 de la Ley N° 17-97,
relativa a la protección de la propiedad industrial).
Sin perjuicio de las penas establecidas en leyes especiales, se castigará con una sanción
pecuniaria de 50.000 a 500.000 dirhams a quienes, bien a través de discursos o conferencias enlugares o reuniones públicos, bien por medio de escritos, impresos vendidos o distribuidos, puestos en
venta o expuestos en lugares o reuniones públicos, den cualquier información, indicación o
descripción de cualquier tipo en relación con certificados de adición a una patente principal, patentes
de invención o de topografías de circuitos integrados cuya solicitud haya sido presentada por ellos o
por terceros, pero que aún no se hayan concedido.  En caso de reincidencia, además de la sanciónpecuniaria, podrá dictarse una pena de prisión de tres meses a dos años (artículo 216).
Sin perjuicio, en su caso, de las penas más graves previstas en materia de infracción contra la
seguridad del Estado, cualquier persona que infrinja con dolo una de las prohibiciones establecidas en
el artículo 42 anterior, será castigado con una sanción pecuniaria de 100.000 a 500.000 dirhams.  Si laviolación afectó a la defensa nacional, podrá dictar se además una pena de prisión de uno a cinco años
(artículo 217).
                                                     
2 En 1999,  1 dólar EE.UU. equivalía a 9,83 dirhams.IP/N/6/MAR/1
Página 15
Topografías de circuitos integrados
Las disposiciones sobre las patentes de invención son aplicables a las acciones civiles y
penales de infracción de topografías de circuitos integrados (artículo 218).
Dibujos y modelos industriales
Cualquier infracción dolosa de los derechos del titular de un dibujo o modelo industrial está
castigada con una sanción pecuniaria de 25.000 a 250.000 dirhams.  La pena establecida en el primer
apartado del citado artículo se eleva a una sanción pecuniaria de 50.000 a 250.000 dirhams y uno a
seis meses de prisión, en caso de que el delincuente haya trabajado por cuenta de la parte perjudicada.
Las penas previstas en el apartado citado se aplican también en caso de reincidencia del acusado, porhaber sido condenado durante los cinco años anteriores mediante una decisión irrevocable por hechos
idénticos.  El tribunal también podrá ordenar la destrucción de los objetos declarados falsificados que
sean propiedad del falsificador, así como de los accesorios y medios destinados especialmente a la
realización de la falsificación (artículo 221).
Marcas de fábrica, de comercio o de servicios
De conformidad con el artículo 225, se consideran falsificadores y son castigados con penas
de prisión de dos a seis meses y una sanción pecuniaria de 50.000 a 500.000 dirhams, o con una de las
dos penas solamente, a:
- quienes hayan falsificado una marca registrada o hayan puesto fraudulentamente una
marca perteneciente a un tercero;
- quienes hayan empleado una marca sin autorización del interesado, incluso
añadiéndole términos como fórmula, modo, sistema, receta, imitación, género, o
cualquier otra indicación similar que pueda engañar al comprador;
- quienes hayan poseído sin motivo legítimo productos sabiendo que estaban
recubiertos por una marca falsificada o fijada fraudulentamente y hayan vendido,
puesto en venta, suministrado o propuesto con dolo el suministro de productos o
servicios con dicha marca;
- quienes hayan suministrado un producto o prestado con dolo un servicio distinto del
solicitado con una marca registrada.
En virtud del artículo 226, se castiga con una pena de uno a seis meses de prisión y una
sanción pecuniaria de 25.000 a 250.000 dirhams, o con una de las dos penas solamente, a:
- quienes, sin falsificar una marca registrada, la han imitado fraudulentamente para
engañar al comprador o han empleado una marca imitada fraudulentamente;
- quienes han utilizado una marca registrada con indicaciones destinadas a engañar al
comprador sobre la naturaleza, las calidades sustanciales, la composición o el
porcentaje de componentes activos, la especie o el origen del objeto o producto
designado;
- quienes han poseído sin motivo legítimo productos sabiendo que estaban recubiertos
por una marca imitada fraudulentamente o quienes hayan vendido, puesto en venta u
ofrecido el suministro de productos o servicios con dicha marca.IP/N/6/MAR/1
Página 16
De conformidad con las disposiciones del artículo 227, están castigados con una pena de
prisión de uno a tres meses y con una sanción pecuniaria de 50.000 a 500.000 dirhams, o con una de
las dos penas solamente, quienes hayan hecho figurar en sus marcas de fábrica, de comercio o de
servicios los signos prohibidos mencionados en el apartado a) del citado artículo 135 sin autorización
de las autoridades competentes, quienes hayan introducido en Marruecos, poseído, puesto en venta ovendido productos naturales o fabricados con dichos signos como marca.
El tribunal también podrá ordenar la destrucción de los objetos declarados falsificados que
sean propiedad del falsificador, así como de los accesorios o medios destinados especialmente a la
realización de la falsificación (artículo 228).
Las penas previstas por los citados artículos 225 a 228 son aplicables en materia de marcas
colectivas y de marcas colectivas de certificación (artículo 229).
Indicaciones de origen y denominaciones de origen
En virtud del artículo 231, se castiga con una pena de prisión de uno a seis meses y una
sanción pecuniaria de 25.000 a 250.000 dirhams, o con una de las dos penas solamente:
- la utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre el origen de
un producto o un servicio, o sobre la identidad del productor, el fabricante o el
comerciante;
- la utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la
imitación de una denominación de origen, aunque se indique el origen verdadero del
producto, o si la denominación se emplea traducida o acompañada de términos como
"género", "modo", "imitación" o similares.
Recompensas industriales
En virtud del artículo 232, se castiga con una pena de prisión de dos a seis meses y una
sanción pecuniaria de 50.000 a 500.000 dirhams, o con una de las dos penas solamente, a:
- quienes, sin derecho y fraudulentamente, se hayan atribuido las recompensas
industriales previstas en el artículo 189 anterior o se hayan atribuido recompensasimaginarias, indicándolas en sus productos, carteles, anuncios, prospectos, cartas,
efectos comerciales, embalajes o de cualquier otro modo;
- quienes, en las mismas condiciones, las hayan aplicado a objetos distintos de los que
recibieron las recompensas;
- quienes hayan empleado con fines industriales o comerciales recompensas distintas
de las previstas en el artículo 189 anterior.
Se castiga igualmente con una sanción pecuniaria de 25.000 a 250.000 dirhams a quienes,
siendo beneficiarios de una recompensa industrial, la emplean con fines industriales o comerciales sin
respetar las disposiciones de los artículos 189, 190 y 198 de la Ley N° 17-97, relativa a la protección
de la propiedad industrial (artículo 233).
La infracción de la propiedad intelectual es punible con las sanciones penales siguientes:- sanción pecuniaria de 120,00 a 10.000,00 DH (artículo 575 del Código penal);IP/N/6/MAR/1
Página 17
- prisión de tres meses a dos años y sanción pecuniaria de 500,00 a 20.000,00 DH por
delito de reiteración (artículo 577 del Código penal);
- en caso de reincidencia, las penas de prisión y sanción pecuniaria se doblan y se
decreta el cierre temporal o definitivo de los locales explotados por el falsificador osus cómplices (artículo 577 del Código penal);
- las penas pueden triplicarse (artículo 64 de la Ley N° 2-00, relativa a los derechos de
autor y los derechos conexos);
- confiscación de sumas equivalentes a la cuantía de los ingresos generados por la
reproducción, la representación o difusión ilícitas, así como confiscación de cualquiermaterial instalado especialmente para la reproducción ilícita y de todos los ejemplares
y objetos falsificados (artículo 578 del Código penal);
- publicación de la sentencia condenatoria, en su integridad o extractada, en los diarios
y exposición de dicha condena en diversos lugares, en particular sobre la puerta deldomicilio del condenado y de cualquier local o sala de espectáculo de su propiedad
(artículo 578 del Código penal);
- el material o los ejemplares falsificados, así como los ingresos o partes de ingresos
que hayan sido confiscados, serán devueltos al autor o a sus derechohabientes paraindemnizarles por el perjuicio padecido;  el remanente de indemnización que pueden
reclamar o la indemnización íntegra, en caso de que no haya confiscación de material,
objetos falsificados o ingresos, dará lugar a la determinación del pago de daños y
perjuicios a demanda de la parte civil, en las condiciones habituales (artículo 579 del
Código penal).
Las infracciones de los derechos de obtentores, tal como los define la Ley N° 9-94, sobre la
protección de las obtenciones vegetales, están castigadas, de conformidad con la citada Ley, con las
sanciones penales siguientes:
- sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de penas previstas por legislaciones
especiales, en particular las relativas a la represión del fraude, cualquier infraccióndolosa de los derechos del titular de un certificado de obtención vegetal, tal como se
define en el artículo 16 de la citada Ley, se castiga con una sanción pecuniaria
de 3.000 a 30.000 DH (artículo 73);
- quien se arrogue indebidamente la calidad de propietario de un certificado o de una
solicitud de certificado de obtención vegetal será castigado con una sanción
pecuniaria de 3.000 a 30.000 DH.  En caso de reincidencia, podrá dictarse además
una pena de prisión de dos meses a un año.  A efectos del presente artículo, hay
reincidencia cuando se ha dictado, en los cinco años anteriores, una sentencia
condenatoria irrevocable por una infracción de idéntica índole (artículo 75).
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
Las prescripciones vigentes se han expuesto anteriormente.  No se dispone de información
relativa a la duración efectiva y el costo del procedimiento.
__________