RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/ESP/1
21 de septiembre de 1998
(98-3611)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LA OBSERVANCIA
ESPAÑA1
En el presente documento se reproduce la declaración introductoria formulada por la
delegación de España en el examen de su legislación sobre la observancia efectuado en la reunióndel Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 1997
2, las preguntas que le fueron formuladas y
las respuestas ofrecidas a ellas.
_______________
DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
De conformidad con el espíritu y letra del Acuerdo sobre los ADPIC, puede concluirse que el
sistema español, asegura ya con suficiencia el sólido marco de protección de las necesidades que ha
de satisfacer un ordenamiento garante de los derechos de propiedad intelectual, procurando en losdiversos aspectos a contemplar una legislación que consolida un adecuado respeto de los importantes
intereses en juego.  En orden a ello se prevén mecanismos destinados al reconocimiento del derecho, a
la protección cautelar urgente frente a infraccion es manifestadas o inminentes, a la reparación del
daño y la compensación por los perjuicios irrogados y al castigo de las conductas infractoras
constitutivas de ilícito penal.
Dado el común entroncamiento con los sistemas de Derecho Continental Europeo de raíz
latina, pueden entenderse reiteradas en el sistema español muchas de las afirmaciones efectuadas en
esta sede por las delegaciones de otros países de evidente proximidad geográfica y cultural como
Francia, Italia o Portugal, y muy específicamente en relación con los principios básicos que inspiran
los procedimientos civiles y penales en estos Estados.  Por ello, con el vivo deseo de no cansar a las
distinguidas delegaciones, no cabe sino dar ahora por reproducidas las mismas.
Las especificidades de la regulación española en materia de observancia de los derechos de
Propiedad Intelectual en sentido amplio son profusamente tratadas en los documentos de respuesta a
la Lista de Observancia de los ADPIC
3 y a las interesantes y detalladas preguntas formuladas sobre
nuestro sistema por las ilustres representaciones de los Estados Unidos, el Japón y Nueva Zelandia.
En las mismas hemos procurado exponer, con la atención y la minuciosidad que requiere el
interés de quienes las formulan, las peculiaridades patrias en materia de procedimientos y recursos
administrativos y judiciales, civiles y penales, genéricos y específicos de protección de tales derechos.
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados
por España en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos
IP/N/1/ESP/1/Rev.1/Add.1 e IP/N/6/ESP/1.
2 El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/16.
3 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 2
A estos documentos de respuesta hemos de efectuar una remisión general en orden a la
confirmación de las aseveraciones con las que comenzábamos la presente declaración.  Sin embargo,
de forma resumida, pueden destacarse ahora los siguientes puntos:
1. No existe ninguna restricción ni procedimiento específico para que una persona o parte
extranjera pueda provocar el inicio en España de un procedimiento de observancia de
derechos de propiedad intelectual, de manera que basta con ostentar la imprescindible
legitimidad activa que vendrá dada por la titularidad de un derecho que sea objeto de
protección en España bajo el presupuesto de la competencia territorial y aplicabilidad de la
jurisdicción de los Tribunales Españoles.
2. Frente a la posibilidad de producción de abusos procesales, la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC) establece diversos mecanismos de prevención que por lo general se concretan o bien
en la previsión de exigencias de fianzas para responder en su caso de la indemnización de
daños y perjuicios que puedan causarse al contrario o bien en la imposición al litigante
abusivo de las costas y gastos del proceso, en los que se incluirían los honorarios del Letrado
del otro litigante.
Las leyes especiales que regulan los procesos especiales de protección de derechos de
propiedad intelectual vienen a reproducir estas previsiones en el artículo 136 de la Ley de
Propiedad Intelectual, los artículos 129.4, 132 y 135 y siguientes de la Ley de Patentes (LP) y
por remisión a ésta la Ley de Marca (LM).
Amén de ello, en el ámbito de los procedimientos penales, además de la posibilidad de
adoptar las medidas previstas en la legislación civil y sus "contracautelas", el Código Penal
establece en sus artículos 456 y 457, frente a posibles denunciantes falsos o abusivos, la
previsión de su persecución como autores de un delito de denuncia o acusación falsas o desimulación de delito.
3. La adopción de medidas de urgencia se garantiza tanto en diversas disposiciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil como en las concretas regulaciones establecidas en las leyes especiales
de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas a las que se aludía en la contestación de España a
la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.
4
Frente a la posibilidad de retrasos en los procesos, en un plano general, el artículo 237 dela Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye al órgano jurisdiccional el impulso
procesal.  Para el proceso civil, el artículo 307 LEC reafirma este criterio al establecer que,
salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso
que corresponda, dictando al efecto los proveídos necesarios.  Sin embargo, cabe distinguir elproceso civil, en el que se evidencian los principios dispositivo y de impulso de parte, y el
proceso penal, en el que domina con fuerza la actuación de oficio y donde la agilización del
procedimiento es obligación de la autoridad judicial e incluso del Ministerio Público,
acusador público que ejercita la acción penal en los delitos que afectan a estos derechos si
bien la persecución se supedita con carácter general a la previa denuncia del agraviado o surepresentante legal.
En el proceso civil, frente a la inacción de la parte se prevén respuestas variadas.  Los retrasos
se procuran imposibilitar con el establecimiento de plazos (trascurridos los cuales sin la
actividad pertinente de la parte se le tiene por decaído en ciertos derechos, teniéndole porcontestado, rebelde o confeso si no comparece -v.gr. artículos 528 y 583 LEC), o la
restricción de posibilidades de alegaciones o recursos (por ejemplo, frente a las decisiones de
admisión de pruebas), etc.  Incluso cabe que la inactividad de las partes ocasione la extinción
                                                     
4 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 3
del proceso en supuestos de paralización por inactividad imputable a las partes durante
determinados plazos (artículo 411 LEC que regula la caducidad en la instancia).  También la
condena en costas (gastos del proceso), incluso las devengadas por la parte contraria en caso
de temeridad sin las limitaciones que se prevén para los supuestos ordinarios (artículo 523
in fine LEC), puede considerarse una medida de interés para evitar retrasos deliberados si se
litiga o recurre con objeto de dilatar.
4. Con carácter general rige en Derecho español la exigencia de que todas las resoluciones
judiciales que recaigan en los procedimientos, cualquiera que sea su naturaleza, se
documenten por escrito y sean motivadas o razonadas.  Cabe la posibilidad de que algunas
resoluciones se dicten o sean anticipadas oralmente, pero en todo caso deben ser
inmediatamente documentadas por escrito, incluyendo, tal y como dispone el artículo 247 dela LOPJ "la fundamentación que proceda".
5. En cuanto a las previsiones sobre recursos en el sistema español cabe destacar lo siguiente:
a) Por lo que se refiere a las decisiones finales de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, hay que indicar que todas ellas son recurribles ante los órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa.  También las decisiones pueden ser
impugnadas indirectamente en la jurisdicción civil ejerciendo una acción
reconvencional de nulidad de un título de propiedad industrial en el marco de una
acción de violación.
b) Por lo que se refiere a las resoluciones de las autoridades judiciales, no existen
limitaciones específicas a la posibilidad de las partes litigantes de recurrir sus
decisiones procedimentales o definitivas en materia de procedimientos de observancia
de derechos de la Propiedad Intelectual de carácter civil.  Por regla general sonaplicables las disposiciones en materia de recursos del sistema general de la LEC,
establecido en los artículos 376 a 406 de esta Ley.
Asimismo, en el ámbito del Proceso Penal rige por completo el régimen general de recursos,
semejantes a los pertinentes en el ámbito procesal civil, regulado en los artículos 216 a 238 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
6. En cuanto al régimen de notificaciones, se detalla con precisión en las respuestas efectuadas a
las preguntas de los Estados Unidos.  Baste ahora resaltar que, con carácter general, el
artículo 270 de la Ley Orgánica del Poder Judi cial establece que se notificarán a todos los que
sean parte, incluso a los que de forma directa puedan recibir algún perjuicio del acto que se va
a comunicar, las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias, de manera que searbitra un sistema por el que las partes siempre van a tener la posibilidad de conocer a través
de las notificaciones todos y cada uno de los actos procesales provenientes de la contraria, de
terceras personas, o del órgano judicial.
7. En cuanto a las medidas cautelares, por regla general, su adopción requiere la existencia de
"fumus bonnis iuris ", es decir la apariencia de buen derecho, y del " periculum in mora ", esto
es, del peligro de resultados dañosos que se derivarían para el solicitante de no acordarse
prontamente la medida.
La apariencia de buen derecho debe valorarla el juez en función del juicio positivo que le
merezca la petición, desde el punto de vista del concreto derecho aparentemente existente en
quien solicita la medida y de la ilicitud concurrente en la conducta de la persona contra la que
se solicita.IP/Q4/ESP/1
Página 4
El peligro de demora en acordar la medida para los intereses del solicitante no tiene que hacer
referencia a que con el retraso se ponga en riesgo el resultado de la sentencia definitiva del
asunto principal, sino a que lo que ha de analizarse es si se presenta como peligrosa la
continuidad de la infracción para los intereses del peticionario dada la dificultad de reparación
del daño que se esté causando moral y patrimonialmente.
Con carácter general rige en el proceso civil español el principio de valoración conjunta de la
prueba con resquicios de la "prueba tasada".  En los procedimientos de observancia de los
derechos de propiedad intelectual el juez puede valorar en cada caso con arreglo a aquellos
principios generales si resulta acreditada la titularidad del derecho, pero sólo descendiendo al
casuísmo y al análisis de las resoluciones judiciales en la materia puede determinarse lo que
en cada caso determinó la consideración de la acreditación de dicho requisito.
Normalmente, sin que pueda llegarse a conclusiones exhaustivas, los jueces podrán
comprobar la verosimilitud inicial del derecho a través de muy diversos medios, pero
preferentemente los determinantes serán los documentales.  Así, podrían citarse:
a) En el caso de derechos de autor, la presentación de una certificación del Registro de
la Propiedad Intelectual en el que son objeto de inscripción, con carácter meramente
declarativo (no constitutivo) tales derechos, o acreditaciones documentales de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual u otras organizaciones
internacionales.  Con respecto al Registro español de la Propiedad Intelectual, la LPIen su artículo 140.3 establece una presunción "iuris tantum" , que admite prueba en
contra, de que los derechos inscritos en el mismo existen y pertenecen a su titular en
la forma especificada en el correspondiente asiento registral.  Por ejemplo, en un
supuesto de suspensión de actos de comunicación pública, dicha apariencia existirá
cuando el solicitante tiene presuntamente el derecho y quien realiza tales actos carecede autorización.
b) Respecto de indicaciones geográficas, certificaciones de origen de las mismas de los
organismos nacionales e internacionales competentes.
c) En materia de propiedad industrial, no existe jurisprudencia al respecto, ya que las
acciones judiciales de infracción de derechos de propiedad industrial sólo pueden serinterpuestas por titulares de derechos inscritos.  La prueba de titularidad es de fácil
cumplimiento:  aportar el título.
En cuanto a la prueba de la infracción o de la inminente infracción, depende de las
circunstancias del caso.  Normalmente se podrá recurrir a las diligencias previas decomprobación de hechos.
8. El carácter disuasorio de la normativa penal española en materia de infracción de derechos de
Propiedad Intelectual se patentiza en el capítulo XI del Título XIII del Código Penal de 1995,
concretamente en los artículos 270 a 277, 278, 279, 287 y 288 de dicho cuerpo legal.
Las sanciones pueden llegar a los cuatro años de prisión, tanto para los delitos en materia de
derechos de autor y derechos conexos como para los delitos en materia de propiedad
industrial.  Está prevista, además, la posibilidad de imponer sanciones de otro tipo, que
también pueden alcanzar un elevado grado de severidad.  Así, puede decretarse el cierre,incluso definitivo, de la empresa del infractor y la inhabilitación de éste para el ejercicio de la
profesión relacionada con el delito cometido, durante un período de hasta cinco años.
9. En relación a las cuestiones suscitadas por Nueva Zelandia, efectivamente se puede solicitar
la adopción de medidas de carácter aduanero en el caso de vinos que utilicen indicacionesIP/Q4/ESP/1
Página 5
geográficas de un modo indebido.  En cuanto a la solicitud y adopción de tales medidas se
sigue el procedimiento de intervención aduanera aplicable para el resto de mercancías en
general y que aparece descrito en la respuestas de España a la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia.5  Así, para solicitar la adopción de tales medidas es necesario presentar la
solicitud de intervención.  En materia civil tienen legitimación activa para iniciar una acciónpara la protección de indicaciones geográficas las personas fisicas o jurídicas reseñadas en el
documento IP/C/W/75.  En el ámbito penal, la incoación del procedimiento puede originarse
por el juez de oficio o a instancias del Ministerio Fiscal, en casos de afectación de intereses
generales o pluralidad de personas, o de partes interesadas.  Especialmente destacable es la
imposición de importantes penas de prisión, de hasta cuatro años, y multa de hasta 24 meses,
amén de abonar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, a quienes
ilícitamente utilicen en el tráfico económico una denominación de origen o una indicacióngeográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir
los productos amparados por ellas (artículos 275 y 276 del Código Penal).  Asimismo dichas
penas pueden también ir acompañadas de la inhabilitación por tiempo de hasta cinco años
para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito y el cierre temporal o definitivo de la
industria o establecimiento del condenado.
10. De forma concordante con el Acuerdo sobre los ADPIC, la regulación española prevé que las
costas y gastos del proceso civil, incluidos los honorarios de los abogados, se impongan a la
parte cuyas pretensiones hubiesen sido totalmente rechazadas, salvo que el juez, razonándolo
debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su noimposición.  Asimismo, en el proceso penal la regulación es similar, estableciéndose que
dichos gastos se impongan a los infractores que sean condenados.
Finalmente, con el deseo de que las respuestas elaboradas satisfagan las legítimas
expectativas de las delegaciones intervinientes, no resta sino destacar nuestra disposición a efectuar,en el plazo razonable preciso, las aclaraciones que se estimen necesarias sobre el contenido de nuestro
sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual.
La delegación española, en atención a que los puntos de mayor interés han sido ya expuestos
en el curso de esta Declaración, no estima necesaria la lectura de respuesta concreta alguna, sin
perjuicio de nuestra disposición a ello en el supuesto de que así lo interese de forma expresa alguna de
las ilustres delegaciones presentes.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
El procedimiento es de tipo judicial y habrá de iniciarlo el titular del derecho en un plazo
de 10 días, a partir del día en que se le comunicó la intervención.
2. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
La intervención siempre se concede a petición del titular del derecho cuando éste estime que
sus derechos están siendo perjudicados o presuma que se puedan perjudicar.
                                                     
5 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 6
3. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Una vez que el titular del derecho ha presentado toda la documentación exigida, y se
comprueba que está conforme, se comunica inmediatamente al demandante el acuerdo de
intervención.
4. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
En España no se exige el pago de tasas al presentar la solicitud de intervención, ni cuando
ésta se concede.
5. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
El procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo, según el artículo 55 del Acuerdo
sobre los ADPIC, es el que se explica en la lista de cuestiones sobre la observancia ampliamente
desarrollada por España y que consta en el documento IP/N/6/ESP/1.
6. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Es el titular del derecho el que, a la vista de las mercancías y con el informe de los peritos,
decide si la mercancía es falsa o no y en caso de falsedad deberá presentar la denuncia ante el
Juzgado.  Si la Aduana no recibe copia de la misma, dentro de los plazos establecidos para la
presentación de la denuncia que se citan en la respuesta anterior, se autorizará la salida de las
mercancías.
7. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En los casos en que las autoridades aduaneras actúan de buena fe no cabe exigirles
responsabilidad en los supuestos que se plantean en estas dos preguntas.  Por el contrario, si existe
mala fe en tales actuaciones sería aplicable el Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula la responsabilidad
de las Administraciones públicas y del personal a su servicio.
8. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 7.IP/Q4/ESP/1
Página 7
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
El ejercicio, por parte de una oficina de aduanas, de sus competencias en materia de luchas
contra las mercancías con usurpación de marcas o piratas, no compromete su responsabilidad frente a
las personas a las que conciernan operaciones de importación, en caso de perjuicio causado a éstas
debido a su intervención.
10. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Al titular del derecho se le informa de los siguientes datos:
- Valor y cantidad de mercancías
- Nombre y dirección del importador
- Nombre y dirección del destinatario- Aduana en la que se ha intervenido la mercancía.
11. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
Real Decreto Legislativo l/96, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones vigentes
sobre la materia.
Ley General Tributaría (artículo 113).
Ley Orgánica 5/92 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.
Orden de 27 de julio de 1994, del Ministerio de Economía y Hacienda, reguladora de los
ficheros automatizados de datos de carácter personal de los servicios centrales y organismosautónomos del Ministerio de Economía y Hacienda.
12. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Una vez presentada la denuncia ante el Juzgado, se siguen los procedimientos judiciales
establecidos, ya sea en el ámbito civil o penal.
13. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por lo que se refiere a las resoluciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
existe la posibilidad de presentar un recurso por la vía contencioso-administativa.  Por lo que se
refiere a los juzgados, son aplicables las disposiciones en materia de recursos, ya sea en el ámbitoIP/Q4/ESP/1
Página 8
civil (artículos 376 a 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) o penal (artículos 216 a 238 y 787 a 795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
14. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir aldemandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
En España no se exige fianza, sino la presentación de un compromiso escrito de
responsabilidad por el que el titular del derecho se compromete a cubrir su responsabilidad frente al
importador o exportador, debido a un acto u omisión del titular del derecho o en caso de que,
posteriormente, se compruebe que las mercancías no son con usurpación de marca o piratas.
Asimismo habrá de comprometerse a garantizar el pago del importe de los gastos en los que se hayaincurrido, como consecuencia de haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero, todo ello
conforme se establece en el artículo 3.6 del Reglamento (CE) Nº 3295/94.  En consecuencia, los
gastos de retenciones o de destrucción de mercancías falsificadas no serán en ningún caso a cargo del
Tesoro Público debiendo recaer en el falsificador o, en su defecto, en el demandante (artículo 8.1 a)
del Reglamento CE).
15. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
Véase la respuesta a la pregunta 14.
16. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
La reexportación, sin modificar, de las mercancías con marca falsa no se permite en
ningún caso.
17. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se
prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 delAcuerdo sobre los ADPIC.
Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994.
18. Sírvanse explicar si las autoridades judiciales están facultadas para imponer a quien
infringe derechos de propiedad intelectual el pago al titular de los derechos de los gastos de éste,
con inclusión de sus gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean
procedentes.  Sírvanse explicar si el régimen legal español está en conformidad con el párrafo 2
del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
6
En el Ordenamiento Jurídico español se encuentra ampliamente regulada esta materia siendo
por lo tanto nuestra legislación absolutamente consecuente con el artículo 45.2 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Para contestar esta pregunta hay que distinguir entre procesos civiles y procesos penales.
                                                     
6 Se refiere a la respuesta española a la pregunta Nº 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia
(documento IP/N/6/ESP/1).IP/Q4/ESP/1
Página 9
a) Procesos civiles
Con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Civil española establece (artículo 523) que en
los juicios declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones
hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el juez, razonándolo debidamente, aprecie laconcurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición.  Si el demandado se
allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas, salvo que el juez,
razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.
Dichas costas también pueden ser impuestas en segunda instancia tras sustanciarse recurso de
apelación (artículos 850, 875 y 896), e incluso en sede del Tribunal Supremo tras sustanciarse el
recurso extraordinario de casación.  El fallo confirmatorio de la resolución apelada impondrá lascostas al apelante, salvo que el Tribunal, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de
circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento.
En el recurso de casación, si la sentencia declara no haber lugar a la revisión de la resolución
impugnada por no estimar procedente ningún motivo por los que se interpuso, se impondrán las costasal recurrente.
Dentro del concepto de costas se incluyen los honorarios de los Letrados (artículo 423) e
incluso de peritos y demás funcionarios intervinientes sujetos o no a arancel.  Los Letrados
presentarán una minuta detallada de gastos.  A partir de ellas se efectuará por el Secretario Judicial latasación de costas (en la que no se incluirán los derechos correspondientes a escritos, diligencias y
demás actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la Ley, ni las partidas de las
minutas que no se expresen detalladamente).
b) Procesos penales
La regulación es similar.  En el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se
establece que en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes
deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.  Éste deberá ser impuesto a los infractores
condenados y comprende, entre otros conceptos, conforme al artículo 241, los gastos originados por
los derechos del Procurador y los honorarios de los abogados y peritos que deberán acreditarse por
minuta detallada.  Efectuada y aprobada la tasación de costas, se procede a hacerla efectiva por la víade apremio establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, si los bienes del penado no fueren
bastantes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, podrá fraccionarse el pago y su
aplicación se efectuará con arreglo a una orden de prelación que se establece en el artículo 126
del Código Penal de 1995, en el que ocupan el tercer lugar (tras la indemnización de los perjuicios al
ofendido por el delito y la indemnización al Estado por sus gastos) si se trata de delitos públicos osemipúblicos y el segundo lugar (tras la indemnización al perjudicado) si se trata de delitos
perseguibles sólo a instancia de parte (en cuya persecución el Ministerio Fiscal no interviene).
En la sentencia, el Juez o Tribunal podrá imponer al penado las costas o gastos generados por
la acusación particular o privada en las condiciones generales anteriormente expuestas.
En consecuencia, las autoridades judiciales españolas sí pueden imponer al infractor que
pague estos gastos del titular del derecho que ocupará la posición de demandante en el proceso civil o
de ofendido, personado o no, en el proceso penal.
En cuanto a la posibilidad de que las autoridades judiciales impongan la reparación por daños
y perjuicios al infractor en favor del titular del derecho de propiedad intelectual, aún cuando aquél no
sepa o no tuviera motivos razonables para saber que desarrollaba una actividad infractora, hay que
decir :IP/Q4/ESP/1
Página 10
a) Que conforme a la legislación española, el error de hecho o de derecho sobre la
comisión o no de la infracción de derechos de propiedad intelectual no impide
necesariamente que el infractor quede exento de responsabilidad civil, por lo que
resulta lógico que, si se ha producido para el mismo un enriquecimiento injusto y un
correlativo daño para el titular legítimo, pueda entablarse una acción para lareparación al perjudicado de los daños sufridos.
b) Que lo anterior no es posible en el marco de un proceso penal en el que la acción civil
o la responsabilidad va aneja y es accesoria de la responsabilidad penal, de manera
que, si por no poder apreciarse culpabilidad en el agente, al no existir intencionalidad
ni negligencia punible, no concurre infracción penal, la responsabilidad civil, esto es,
el resarcimiento por los daños y perjuicios causados, no podrá ser impuesto en lasentencia absolutoria que pone fin al proceso penal.  En tal caso, si se quiere
conseguir dicha reparación deberá intentarse acudiendo a un proceso civil, al que las
pertinentes acciones civiles quedarán reservadas.
Por lo que se refiere a la normativa específica sobre propiedad industrial, por un lado,
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en su Título VII sobre acciones por violación de
patentes, artículos 62 a 71, recoge una amplia regulación, a la que se remite la Ley 11/1988, de 3 de
mayo, para la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores en su artículo 8.
Por otro lado, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, de forma similar a la Ley anterior,
también regula esta cuestión en su Título IV capítulo segundo, en sus artículos 35 a 40.  Finalmente,el artículo 144 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 también recoge este
supuesto.
De toda esta legislación reseñada, se desprende la existencia en nuestro Derecho de la
potestad de las autoridades judiciales de exigir, al infractor de Derechos de Propiedad Industrial, elpago de todos los gastos al titular del Derecho afectado, tanto por indemnización por daños y
perjuicios como por costas judiciales.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA
1. En cuanto a la respuesta de España a la pregunta 14 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia:
7  ¿podría España indicar si los funcionarios de aduanas siguen también en el caso
de los vinos con indicaciones geográficas que inducen a error la práctica de informar al
Departamento de Aduanas cuando detectan mercancías presuntamente falsas o piratas, cuya
intervención se ha concedido?  De ser así, ¿pod ría España señalar la legislación pertinente y
describir esa práctica?
Hasta la fecha, en España no se ha presentado ninguna solicitud de intervención de carácter
aduanero para vinos que utilicen indicaciones geográficas de mañera indebida.  En cualquier caso,
para tales vinos sería de plena aplicabilidad el procedimiento de intervención aduanera que se sigue
para el resto de mercancías en general y que aparece descrito en el documento IP/N/G/ESP/1 las
respuestas de España a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.7  La legislación relevante es la
que se cita en el apartado relativo a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas enfrontera de ese mismo documento.
7
En cuanto a la legislación española que regula la protección de indicaciones geográficas, nos
remitimos a la legislación que en ese apartado figura recogida en el documento IP/N/1/ESP/1/Rev.1.
                                                     
7 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 11
2. En cuanto a la respuesta de España a la pregunta 15 de la Lista de Cuestiones sobre
la Observancia:7 agradeceríamos que España aclarase si puede solicitarse la intervención en el
caso de vinos con indicaciones geográficas que inducen a error.
Efectivamente, se puede solicitar la adopción de medidas de carácter aduanero en el caso de
vinos que utilicen indicaciones geográficas de un modo indebido.  En relación con la solicitud y
adopción de tales medidas se sigue el procedimiento de intervención aduanera aplicable para el resto
de mercancías en general y que aparece descrito en le documento IP/N/G/ESP/1 en las respuestas de
España a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.8  Así, para solicitar la adopción de tales
medidas es necesario presentar la solicitud de intervención.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en los tribunales y citar las disposiciones legales
por las que se han establecido esos procedimientos.
Realmente no existe ninguna restricción ni procedimiento específico para que una persona o
parte extranjera pueda provocar el inicio en España de un procedimiento de observancia de derechos
de propiedad intelectual.   Cualquiera tiene acceso a la puesta en marcha del procedimiento con tal de
que cumpla los requisitos generales exigidos.   Con carácter general el único requisito a cumplir será
dotarse de la adecuada representación y dirección ju rídica:  abogado y procurador, salvo en los casos
en los que, como en el procedimiento para la adopción de medidas urgentes que se prevé en los
artículos 136 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo del 12 de abril de 1996, Nº 1/1996), ni siquiera sea necesario
dotarse de abogado o procurador, siendo suficiente la solicitud de la adopción de la medida por escrito
firmado por el interesado o su representante legal.   En consecuencia, basta con ostentar laimprescindible legitimación activa que vendrá dada por la titularidad de un derecho que sea objeto de
protección en España bajo el presupuesto de la competencia territorial y aplicabilidad de la
jurisdicción de los tribunales españoles.
2. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales que no  se exija de un nacional de España, o de un
residente en ese país y citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
El acceso a los tribunales españoles no está sometido a restricción como tal más que por las
reglas que afectan a su jurisdicción y competencia territorial.   Sin embargo, como es lógico, como se
dijo en la respuesta anterior, lo decisivo es si se ostenta por el extranjero no residente la protección de
su derecho en España.
3. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula el establecimiento de  salvaguardias contra el abuso de los procedimientos de
observancia, previéndose que se indemnizará adecu adamente por el daño sufrido a causa de tal
abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de España a fin de evitar el
abuso de los procedimientos judiciales y de indemnizar por los daños sufridos como resultado
de tal abuso y citar las disposiciones legales relativas a dichos medios.
Con carácter general, el Código Civil español se encarga de precisar que la Ley no ampara el
abuso del derecho y, por derivación, el abuso procesal en cualquiera de sus manifestaciones.
                                                     
8 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 12
Frente a la posibilidad de abusos procesales, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece
diversos mecanismos de prevención que normalmente se concretan en la exigencia de fianza para
responder en su caso de la indemnización de los daños y perjuicios que puedan causarse al litigante
contrario y aún del pago de las costas que se generen.  Así se prevé respecto de quienes quieran que su
recurso de apelación se admita en ambos efectos (artículo 381 LEC), de quienes pretendan laejecución provisional de una sentencia recurrida en apelación (artículo 385 LEC) o en
casación (artículo 1722).  E idéntica solución suele adoptarse cuando se permite la adopción de
medidas cautelares que puedan irrogar perjuicios, como por ejemplo ocurre respecto del embargo
preventivo, posibilitando que el juez imponga a quien lo solicita fianza bastante para responder de los
perjuicios y costas que puedan ocasionarse.  Igualmente resulta disuasoria para el litigante abusivo la
imposición de costas y abono de los gastos del proceso (incluido el pago de los honorarios del letrado
del otro litigante) que con carácter general se regula en los artículos 523 LEC para la primerainstancia y en los artículos 850, 875, 896 y 1715 LEC en sede de recursos.  De estas disposiciones se
extrae el criterio de imposición de costas a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente
rechazadas.
Más específicamente, en los procedimientos especiales de observancia de derechos de
propiedad intelectual (en los que con carácter general son aplicables las anteriores medidas genéricas)las previsiones son las siguientes:
El artículo 136 de la LPI, al referirse a la adopción de medidas cautelares urgentes, establece
la posibilidad de que, antes de adoptar la resolución, el juez exija al solicitante fianza bastante,
excluida la personal, para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar con la
adopción de la medida.
Asimismo la Ley de Patentes (LP) en sus artículos 129.4 para las diligencias preliminares de
comprobación de hechos y 135 y siguientes para el  procedimiento específico de adopción de medidas
cautelares y la Ley de Marcas (LM) que prevé con carácter general la aplicación de la LP a la
protección de las marcas, establecen, en los procedimientos específicos de observancia que regulan,
cauciones similares, debiendo el órgano judicial establecer "contra cautela" o fianza del actor odemandante para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudieran provocarse mediante el
establecimiento de la medida.  El artículo 132 LP establece que la parte afectada por las diligencias de
comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien las hubiere solicitado, los gastos y daños que se
le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general
por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos en que
a ello hubiere lugar.
En el ámbito de los procesos penales, amén de la posibilidad de aplicación de las medidas de
protección civiles y de sus "contra cautelas", frente a posibles denunciantes abusivos o falsos
el Código Penal establece la posibilidad de su persecución como autores de un delito de denuncia o
acusación falsas o de simulación de delito (artículos 456 y 457 del Código Penal).
4. Sírvanse explicar cualesquiera disposicio nes del sistema de observancia de España que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sí rvanse explicar qué disposiciones existen a fin
de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes de un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
Las medidas más eficaces son las de ejecución provisional de sentencias y las medidas
cautelares, reguladas en la LPI, en la LP y en la LEC.
Por lo que se refiere a las medidas cautelares, además de las medidas cautelares genéricas
previstas en la regulación general de la LEC, hay que considerar las medidas cautelares específicas enIP/Q4/ESP/1
Página 13
materia de observancia de derechos de propiedad intelectual que ya se señalaban en el
documento IP/N/G/ESP/1 en las respuestas de Espa ña a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.9
Para los derechos de autor y derechos conexos, la LPI, en sus artículos 133 y siguientes,
posibilita que el titular del derecho pueda instar por escrito la adopción por el juez competente de
medidas de protección urgente.  No existe un catálogo cerrado de medidas, por lo que la autoridadjudicial podrá decretar las medidas cautelares (hay que entender que incluso las innominadas referidas
en el artículo 1428 de la LEC) que sean necesarias para la protección urgente de los derechos
implicados.
Frente a la posibilidad de retrasos indebidos se establecen unos plazos muy cortos (traslado
urgente a las partes del escrito inicial, práctica inmediata de pruebas, resolución en el día siguiente a
los 10 días siguientes a la presentación del escrito inicial, etc.) y la previsión específica de su
tramitación preferente frente a la generalidad de procedimientos.
En materia de patentes, con anterioridad incluso a la presentación de la demanda, la persona
legitimada puede instar la "comprobación de hechos" a la que se refieren los artículos 129 y 130 de
la LP.  Su naturaleza consiste en la realización de toda una serie de actos instructorios, cuya finalidad
es recabar, a través del juez, la aportación de elementos de hecho necesarios para evidenciar la
infracción de la patente y, con ello, poder fundamentar la pretensión de la condena.  Su práctica estácondicionada al examen de su pertinencia e imprescindibilidad y a la observancia del principio de
proporcionalidad.
Expresamente, la LP prevé dos tipos de medidas cautelares:  la anotación preventiva de la
demanda en el Registro de la Propiedad Industrial (artículos 134.4 y 12.4) y una serie de medidas
aseguratorias de la pretensión de condena, tales como la cesación de los actos de infracción, laretención y depósito del objeto material de la infracción, así como el afianzamiento del resarcimiento
de daños y perjuicios.  Tales medidas pueden ser solicitadas con anterioridad, con posterioridad o
junto con la demanda.
Al objeto de evitar retrasos, las previsiones de plazos son estrictas y breves (no cabe recurso
contra admisión del período probatorio sobre el que ha de resolverse en cinco días desde lapresentación de la solicitud;  la celebración de comparecencia ha de tener lugar en seis días desde el
fin de aquél y se prevé un plazo de seis días para adoptar la resolución final mediante auto).
En materia de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimientos, la LM remite con
carácter general a la regulación establecida en la LP, por lo que pueden reproducirse anteriores
consideraciones.
Como adición a lo anterior cabe añadir que, en un plano general, frente a la posibilidad de
retrasos, el artículo 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye al órganojurisdiccional el impulso procesal, dictando al efecto  los proveídos necesarios.  Para el proceso civil,
el artículo 307 LEC reafirma este criterio al establecer que, salvo que la ley disponga otra cosa, el
órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto los
proveídos necesarios.  Sin embargo, cabe distinguir el proceso civil, en el que se evidencian los
principios dispositivo y de impulso de parte, y el proceso penal, en el que domina con fuerza laactuación del oficio y donde la agilización del procedimiento es obligación de la autoridad judicial e
incluso del Ministerio Público, acusador público que ejercita la acción penal en los delitos que afectan
a estos derechos si bien la persecución se supedita con carácter general a la previa denuncia del
agraviado o su representante legal.
                                                     
9 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 14
En el proceso civil, frente a la inacción de la parte se prevén respuestas variadas.  Los retrasos
se procuran imposibilitar con el establecimiento de plazos (transcurridos los cuales sin la actividad
pertinente de la parte se le tiene por decaído en ciertos derechos, teniéndole por contestado, rebelde o
confeso si no comparece -v.gr. artículos 528 y 583 LEC), o la restricción de posibilidades de
alegaciones o recursos (por ejemplo, frente a las decisiones de admisión de pruebas), etc.  Inclusocabe que la inactividad de las partes ocasione la extinción del proceso en supuestos de paralización
por inactividad imputable a las partes durante determinados plazos (artículo 411 LEC que regula la
caducidad en la instancia).  También la condena en costas (gastos del proceso), incluso las devengadas
por la parte contraria en caso de temeridad sin las limitaciones que se prevén para los supuestos
ordinarios (artículo 523 in fine  LEC), puede considerarse una medida de interés para evitar retrasos
deliberados si se litiga o recurre con objeto de dilatar.
5. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar
mejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar si los jueces deben
presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en que se requieren esas
opiniones escritas.
Con carácter general rige en derecho español la exigencia de que todas las resoluciones
judiciales que recaigan en los procedimientos, cualquiera que sea su naturaleza, se documenten por
escrito y sean motivadas o razonadas.  Cabe la posibilidad de que algunas resoluciones se dicten o
sean anticipadas oralmente, pero en todo caso deben ser documentadas por escrito, incluyendo, tal y
como dispone el artículo 247 de la LOPJ "la fundamentación que proceda".
Más concretamente, el artículo 248 del mismo Cuerpo Legal, en concordancia básica de
identidad con lo dispuesto en los artículos 369 a 372 de la LEC, prevé tres tipos de resoluciones
judiciales:  providencias, autos y sentencias.  Tanto los autos como las sentencias serán siempre
fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los
razonamientos jurídicos procedentes, así como la parte dispositiva acordada.  Forma de providencias
deben revestir las resoluciones atinentes a la mera tramitación del procedimiento y podrán sersucintamente motivadas sin sujeción a los requisitos formales estrictos aplicables a autos y sentencias.
Los tres tipos de resolución:  providencias, autos y sentencias deberán ser firmados por el juez o
tribunal que los acuerde, así como por el secretario judicial, que actúa en calidad de fedatario público.
Dichas resoluciones deben ser notificadas a las partes para posibilitar el recurso.  La
motivación es esencial precisamente a este fin ya que posibilita comprender a la parte (y al órgano que
conozca en su caso el recurso) las razones que movieron al juez o tribunal a adoptar la resolución por
lo que se considera una garantía inexcusable para evitar la indefensión de las partes.
Amén de su constancia escrita en el sustrato físico del procedimiento, el artículo 265 de
la LOPJ obliga a que en cada juzgado o tribunal se lleve, bajo la custodia del Secretario respectivo, un
libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas y autos de igual carácter, al
que está permitido el acceso de cualquier interesado.
6. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán
obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales en los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir qué
limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una de las partes en un
procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para lograr que otra
autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de procedimientocomo de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulan dichas
revisiones.IP/Q4/ESP/1
Página 15
Por lo que se refiere a las decisiones finales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, hay
que indicar que todas ellas son recurribles ante los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa.  También las decisiones pueden ser impugnadas indirectamente en la jurisdicción civil
ejerciendo una acción reconvencional de nulidad de un título de propiedad industrial en el marco de
una acción de violación.
Por lo que se refiere a las autoridades judiciales, no existen limitaciones específicas a la
posibilidad de las partes litigantes de recurrir sus decisiones procedimentales o definitivas en materia
de procedimientos de observancia de derechos de la propiedad intelectual de carácter civil.  Por regla
general son aplicables las disposiciones en materia de recursos del sistema general de la LEC,
establecido en los artículos 376 a 406 de esta Ley.
Frente al sistema genérico de recursos, que distingue según la autoridad judicial que dicta la
resolución y según el tipo de resolución que se recurre, se imponen limitaciones específicas deimpugnación fundamentalmente al objeto de impedir tácticas dilatorias.  Así, no cabe recurso contra
el auto que admita el recibimiento del pleito a prueba (artículo 551 LEC) ni contra las providencias en
las que se admita una prueba (artículo 567 LEC).  Este criterio rige en los procedimientos civiles de
observancia por aplicación del sistema general en todo aquello que no se especifique como distinto en
los específicos e incluso se explicita, por ejemplo, respecto de la admisión del período probatorio parala adopción de medidas cautelares en el procedimiento regulado en la Ley de Patentes, que en su
artículo 135.2 niega que contra la resolución sobre dicho punto quepa recurso.
En el ámbito del proceso penal rige por completo el régimen general de recursos, semejantes a
los pertinentes en el ámbito procesal civil.  Sin entrar en excesivas particularidades, este régimen sería
el que se encuentra establecido con carácter general en los artículos 216 a 238 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal (LECR) y en relación al denominado procedimiento abreviado (por el que se
sustanciarán normalmente los delitos contra la propiedad intelectual) en los artículos 787 y 795.
Las limitaciones a las posibilidades de recurso en este ámbito son extremadamente escasas,
aunque puede destacarse la imposibilidad de recurrir, salvo en lo que se refiera a la situación personal
del acusado, el auto de apertura de juicio oral (que ordena la celebración de juicio oral) establecida enel artículo 790.7 de la LECR, si bien el interesado  puede reproducir sus peticiones no atendidas ante el
órgano de enjuiciamiento.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
7. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos para notificar a las partes
demandadas los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la informacióncomunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen
estos procedimientos.
Con carácter general, el artículo 270 de la LOPJ establece que se notificarán a todos los que
sean parte, incluso a los que de forma directa puedan recibir algún perjuicio del acto que se va a
comunicar, las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias, de manera que se arbitraun sistema por el que las partes siempre van a tener la posibilidad de conocer a través de las
notificaciones todos y cada uno de los actos procesales provenientes de la contraria, de
terceras personas, o del órgano judicial.
En la regulación de cada uno de los procedimientos expresados se prevé desde un principio la
obligación del órgano judicial de notificar al demandado la presentación de la demanda y se le otorgatraslado de copia de la misma y de los documentos que se acompañen al objeto de que pueda ejercer
su adecuada defensa, emplazándole para que comparezca y la conteste o acuda a una comparecenciaIP/Q4/ESP/1
Página 16
en la que defender su posición (artículos 525 y siguientes, 680 y siguientes, 715 y siguientes de
la LEC y 26 y siguientes del Decreto de 21 de noviembre de 1952 para el juicio de cognición).  Tales
disposiciones se prevén asimismo en las leyes específicas que contienen normas de procedimiento en
los supuestos de observancia de derechos de Propiedad Intelectual (v.gr. artículo 127.5 LP que
establece que la demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre lapatente debidamente inscritos en el Registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir en
el proceso).
Conforme a la legislación aplicable y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) al respecto,
las notificaciones han de ser ejecutadas de modo que sirvan en plenitud a su objetivo, que no es otro
que el de permitir al destinatario que conozca la resolución que le afecta para que pueda disponer lo
conveniente para la mejor defensa de los derechos e intereses cuestionados, de modo que se exige con
especial rigor el cumplimiento de todos los requisitos legalmente establecidos para garantizar, en lamayor medida posible, que dichos actos han llegado a conocimiento del interesado.
En cuanto a la práctica de las notificaciones, hay que diferenciar las que se realizan en la sede
del órgano jurisdiccional de aquellas otras que han de practicarse fuera de la misma.
Por lo común, la práctica de las notificaciones en la sede del órgano judicial tendrá lugar
cuando se le hagan al procurador de alguna de las partes (artículos 6 y 271 LEC).  Sin embargo, nopueden entenderse con el procurador las citaciones que por disposición expresa de la ley deban
hacerse a los mismos interesados en persona y las que tengan por objeto la comparecencia obligatoria
de éstos (artículo 182 LECR).
a) Las que tengan lugar en la sede del tribunal, o en el servicio común de notificaciones
dependientes de los decanatos y de los Presidentes de las audiencias provinciales, se
practicarán mediante la lectura de la resolución por el secretario u oficial habilitado a
la persona a quien se hagan, dándole en el acto copia literal de la misma aunque no la
pida y expresando estos extremos en la diligencia que habrá de extender
(artículos 262 y 263 LEC, 166 LECR).
Si el interesado no comparece oportunamente en la sede del tribunal para recibir la
notificación, será preciso distinguir dos supuestos:  que la persona que deba ser
notificada tenga domicilio conocido o que éste no conste.
b) Cuando el que deba ser notificado tenga domicilio conocido allí se hará la
notificación, para lo cual habrá de designarlo en el primer escrito que presente
(artículo 264 LEC).
La notificación domiciliaria puede hacerse todavía de dos maneras según la LEC:  por
correo o mediante la entrega de cédula.
La regla general de practicar las notificaciones fuera de la sede del tribunal es la del
correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del
contenido del sobre remitido, y uniendo posteriormente a ellos el acuse de recibo(artículos 261 LEC, sin embargo, en el proceso penal la regla es la notificación a
través de un agente judicial).  Al tratarse de una notificación no personal, en el sobre
deberá contenerse la correspondiente cédula.
Las notificaciones por correo se entenderán practicadas en la fecha en que el
destinatario, o quien la reciba por estar ausente aquél, haga constar su recepción en elacuse de recibo (artículo 273 LEC).IP/Q4/ESP/1
Página 17
No todas las resoluciones pueden notificarse en esta forma;  en el proceso civil se
exceptúan aquéllas cuyo destinatario sea o deba ser parte en el juicio y dependa de la
comunicación su personación en las actuaciones, cuando se trate de un requerimiento
y en aquellos otros casos en que lo disponga la ley o lo acuerde el juzgador,
valorando las circunstancias que concurran (artículo 261.IV LEC).  En el procesopenal no se pueden notificar por correo las sentencias y los autos elevando la
detención a prisión y los de soltura del preso (artículo 166 LECR).
A la vista también de las circunstancias particulares o por exigencias de mayor
celeridad, podrá disponerse que la comunicación se practique por medio del telégrafo
o por cualquier otro medio idóneo de comunicación, con la prevención de que se
deben adoptar las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado,
del cual quedará constancia en autos (artículo 261.III LEC).
- Caso de que la notificación no pudiera practicarse por alguno de los modos
expresados anteriormente, habrá de procederse a la entrega de una cédula al
destinatario.
Si no fuere habido en su domicilio, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la
ausencia, se le hará entrega de la cédula al pariente más cercano, familiar o empleado,mayores de 16 años, que se hallare en el domicilio y, en su defecto, al vecino más
próximo o al portero o conserje.  La entrega de la cédula se acreditará en los autos,
haciendo constar el nombre, estado y ocupación de la persona que la reciba, su
relación con la que debe ser notificada y la obligación que tiene, y de la que se le
enterará, de entregar la cédula en cuanto el interesado regrese a su domicilio o dedarle aviso si sabe su paradero, firmando la diligencia el notificador y el receptor de la
notificación (artículos 268 LEC, 170 a 174 LECR;  ver a este respecto las sentencias
TC 39/1996, 275/1993, 195/1990, 72/1988, 22/1987).
- Cuando deba realizarse la notificación fuera de la circunscripción del órgano
jurisdiccional, se practicará por medio de exhorto, acompañándose al despacho la
cédula correspondiente (artículos 277 LEC y 177 LECR, sobre la necesidad de
practicar notificación por comisión rogatoria a extranjeros con domicilio conocido,
por la ineficacia de la citación por edictos, se ha pronunciado la sentencia
TC 16/1989).
c) Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignore su
paradero, se consignará por diligencia y se realizará la notificación por edictos.  Este
modo de notificación se practica insertando un extracto suficiente de la cédula en el
"Boletín Oficial" de la provincia y, si el juez lo considera necesario, en el "Boletín
Oficial" del Estado, pudiendo también publicarse en el "Diario Oficial" de la
Comunidad Autónoma correspondiente (artículos 269 LEC;  178 y 784.3 LECR;asimismo, artículo 236 LOPJ).
d) Se regula, por último, en la LEC, otro modo de practicar las notificaciones, cuando se
hubiere declarado o constituido en rebeldía un litigante:  las notificaciones en
estrados.  Las comunicaciones en estrados son evidentemente notificaciones ficticias
y se establecen para cumplir formalmente con la necesidad de comunicar a las parteslas resoluciones que se dicten en el proceso, por más que éstas permanezcan
ausentes del mismo.  Una vez constituido el litigante en rebeldía no se volverá a
practicar diligencia alguna en su busca;  todas las providencias que de allí en adelante
recaigan y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán y
ejecutarán en los estrados del juzgado o tribunal, salvo cuando se prevenga otra cosa(artículo 281 LEC).IP/Q4/ESP/1
Página 18
En el proceso penal la ausencia del imputado provocará la expedición de una requisitoria, con
objeto de hallarlo y hacerlo comparecer ante el órgano judicial.
Estas notificaciones, citaciones y emplazamientos se verificarán leyendo las resoluciones que
deban notificarse, o en que se haya mandado hacer la citación, en audiencia pública (artículos LEC, en
relación con el 281.2 LOPJ).
En cuanto a los tipos de comunicaciones, hay que indicar que, de acuerdo con la LOPJ
pueden distinguirse las siguientes categorías de notificaciones:
A) Notificaciones en sentido estricto
Las notificaciones propiamente dichas consisten en la mera comunicación de una
resolución judicial, de la que no deriva directa ni inmediatamente actuación alguna de
los litigantes o de terceros.  Al hilo de estas notificaciones, regula el legislador todo el
régimen de los actos de comunicación (citaciones, emplazamientos y requerimientos).
La cédula de estas notificaciones, que se entregará o remitirá cuando hayan de
practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal ha de contener:  1º, la expresión
de la naturaleza y objeto del procedimiento, y los nombres y apellidos de los
litigantes;  2º, copia literal de la resolución que haya de notificarse;  3º, nombre y
apellidos de la persona a quien deba hacerse la notificación y 4º, fecha de expedicióny firma del notificante (artículos 167 LECR y 267 LEC, que exige hacer constar
algún extremo más).
Además de estos requisitos, en la notificación de resoluciones se ha de indicar si ésta
es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben
interponerse y plazo para ello (artículo 248.4 LOPJ).
B) Citaciones
Consiste la citación en el acto de comunicación por el que se hace saber a las partes o
a terceros una resolución judicial que señala día y hora para la realización de un acto
personal del citado (v.gr., acto del juicio, diligencia de prueba).
Las citaciones de los que sean o deban ser parte en el juicio se harán por cédula, que
será entregada al que deba ser citado en lugar de la copia de la providencia, dejando
constancia de ello en la diligencia.  No obstante, la reforma de 1992 ha establecido
que las citaciones y los emplazamientos de los que siendo parte en el juicio estuvieran
representados por procurador o, cuando la Ley lo autorice, por abogado, se hagan por
medio del representante (artículo 271 LEC).
Esta cédula tanto puede entregarse por medio de un notificador judicial en el
domicilio del citado, como en la sede del órgano jurisdiccional si acude allí arecibirla.  También podrá practicarse por correo, salvo cuando de la citación dependa
su personación las actuaciones (artículo 261.IV LEC).
La cédula de citación contendrá:  1º, el juez o tribunal que hubiese dictado la
providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya recaído;  2º, el nombre y
apellidos de la persona a quien se haga la citación;  3º, el objeto de la citación y laparte que la hubiese solicitado;  4º, el sitio, día y hora en que deba comparecer el
citado, y 5º, la prevención de que si no compareciere le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho, terminando con la fecha y la firma del secretario
(artículos 272 LEC, 175 LECR).IP/Q4/ESP/1
Página 19
C) Emplazamientos
El emplazamiento es el acto procesal por medio del cual se comunica a las partes una
resolución que abre un plazo para realizar durante él una determinada actividad.
El modo de practicar los emplazamientos no difiere del establecido para las
citaciones:  en la sede del órgano jurisdiccional o por cédula en el domicilio delemplazado.  El problema se plantea cuando se desconoce el domicilio de la persona a
quien debe hacerse el emplazamiento, en cuyo caso ha de practicarse por edictos.
A diferencia de las notificaciones, en la cédula de emplazamiento, como es lógico, en
lugar de indicar el día, hora y lugar para la comparecencia, deberá expresarse el
período de tiempo, el plazo en que deba comparecer o actuar el emplazado, y el
juzgado o tribunal ante quien haya de re alizarlo (artículos 274 LEC y 175.III LECR).
D) Requerimientos
El requerimiento es un acto de comunicación que contiene una especial intimación
judicial, por el que se ordena a alguna de las partes o a un interesado en el
procedimiento realizar una actuación a la que viene obligado.
El requerimiento se hace notificando la providencia en que se ordene y expresando el
secretario haberle hecho la intimación, debiendo admitirse la respuesta que diera elrequerido mediante su consignación en la diligencia (artículos 275 y 276 LEC).
8. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios
para identificar y proteger la información confid encial durante los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir
los medios empleados por los jueces para garantizar la protección de la informaciónconfidencial, verbal o escrita, en relación con cada una de las instancias mencionadas en el
documento IP/N/6/ESP/1.
El deber de secreto del juez sobre la información confidencial (oral o escrita) es ínsito a su
función y si lo infringiera incurriría en un delito.
Con carácter general el artículo 232.1 del la LOPJ establece que las actuaciones judiciales
serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, pero este artículo -en
su Nº 2- prevé que excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de derechos y
libertades, los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la
publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.
Por su parte, el artículo 130 de la LP relativo a las diligencias previas de comprobación de
hechos establece en el apartado 4, la obligación del juez de cuidar en el desarrollo del proceso la
protección de los secretos industriales.
En el curso de estas diligencias de comprobación, con arreglo al artículo 130.2 LP, cuando el
juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo
la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada
(en la que se incluirán las actuaciones), que se mantendrá secreta, y notificará al peticionario que no
procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.IP/Q4/ESP/1
Página 20
Amén de lo anterior, el artículo 131.1 LP establece que de las diligencias de comprobación no
podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para
que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial.  El solicitante sólo podrá
utilizar esta documentación para plantear dicha ac ción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a
terceros.
9. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue
el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esas
autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas
contrarias a dicha parte.  Sírvanse describir qué sanciones pueden imponerse a una parte que se
ha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen
las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
Si una parte se niega a dar información puede ser acusada de obstrucción a la justicia.  Si se
trata de un pleito civil, normalmente la carga de la prueba quedará desplazada a favor de la parte que
coopera con la justicia.  Por otro lado, dado que los diferentes infractores de un derecho de propiedad
intelectual tienen responsabilidad solidaria, es poco recomendable no cooperar y, por tanto, es
aconsejable dar información sobre suministradores, etc.
En el procedimiento civil, el juez deberá admitir o rechazar la prueba propuesta por las partes.
Una vez admitida, dispone de facultades para ordenar y requerir la unión a autos de los documentos
que obren en poder de los litigantes.  Los requerimientos efectuados por el juez pueden contener, en el
supuesto de reiteración en la negativa y resistencia patente a efectuar lo mandado, la prevención de
que el requerido sea encausado por delito de desobediencia grave a la autoridad (del artículo 556
del Código Penal).  Cabe, por tanto, la posibilidad valorable de que quien rehuse proporcionardocumentos, informes o material que obre en su poder, resulte condenado por dicho delito si se dan
los requisitos legales y jurisprudenciales del mismo.
Distinta, sin embargo, es la situación si la información se pretende obtener por interrogatorio
al supuesto infractor en el curso del medio probatorio denominado "confesión judicial".
El artículo 597 LEC establece que todo litigante está obligado a declarar, bajo juramento,
cuando así se lo exigiere el contrario.  Ello se hace en la prueba de confesión en juicio que prevé
como medio probatorio el artículo 578 LEC.  La misma puede practicarse bien como prueba
propuesta por la parte, bien como "diligencia para mejor proveer" acordada de oficio por el juez para
buscar la verdad material.  No obstante, si el confesante se negase a declarar de forma persistente, si
no acude sin justa causa o si declara de forma evasiva o confusa, la única consecuencia que se prevé
en la ley es tenerle por "confeso", lo que equivale a permitir que se concluya que reconoce los hechos
que propugna la otra parte o que declara su culpa.
10. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,
limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de España y citar lasdisposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
Las facultades de las autoridades judiciales mencionadas en la pregunta pueden ejercerse bien
en el curso de la adopción de las medidas de aseg uramiento de bienes litigiosos, incluso innominadas
(artículo 1428 LEC), previstas en la LEC, bien con ocasión de las medidas cautelares de igual tenor
específicamente previstas en la LPI, LP, LM y Ley de Competencia Desleal.IP/Q4/ESP/1
Página 21
Conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros pueden de forma facultativa
establecer las limitaciones a las que se refiere la pregunta, pero en las normativas españolas que
regulan los procedimientos civiles específicos de protección de los derechos de propiedad intelectual
no consta previsión alguna al respecto.
11. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces
y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los
titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución.  En el documento IP/N/6/ESP/1 se  indica que los jueces españoles cuentan con esa
autoridad.  Sírvanse describir las condiciones en que puede ejercerse esa autoridad.
Con carácter preliminar al juicio, la vía por la que podría reconducirse la pretensión de
información a la que alude la pregunta podría ubicarse a través del Nº 1 del artículo 497 de la LEC,que posibilita la preparación del juicio mediante la petición por el que pretenda demandar de
declaración jurada de aquel contra quien se propone dirigir la demanda (el supuesto infractor) acerca
de algún hecho relativo a la personalidad de otros implicados contra los que se debería dirigir la
acción, aunque la ampliación a hechos que exceden de su personalidad sería discutible.
Con carácter general, el medio probatorio adecuado para obtener la información a la que se
refiere la pregunta será la confesión en juicio (ya mencionado en la contestación a la pregunta Nº 9).
Como ya se dijo, la misma tiene lugar a instancia de parte, practicándose si la admite el juez, o por
decisión de éste de oficio como "diligencia para mejor proveer" en el curso de una restringida
actividad de investigación judicial no instada por alguno de los litigantes.
La vigencia en el proceso civil español del principio de "aportación de parte" hace que
normalmente sea la proposición de una parte la que conduzca a la práctica de esta prueba.  Las
diligencias para mejor proveer constituyen una facultad judicial cuyo uso debe ser moderado y
restringido a la necesidad de su práctica por no haber quedado suficientemente acreditados los
extremos de interés para la valoración de los hechos por lo practicado a instancia de parte.
Como ya se ha expuesto también, la LP regula -en sus artículos 129 y siguientes- la
posibilidad de que el juez, a petición del legitimado para ejercer acciones derivadas de la patente,
acuerde con carácter urgente la práctica de "diligencias de comprobación de hechos" que puedan
constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente.  En el curso de las mismas el juez
puede acordar la práctica de diligencias de investigación que permitan acceder a la información que
resulte de interés a este objeto.
12. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a
las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a
medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de
buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención
de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en los
procedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichaslimitaciones, y citar las disposiciones legales  con arreglo a las cuales se conceden esas
exenciones.
En España existe la responsabilidad de los funcionarios públicos y la responsabilidad
patrimonial de la administración pública.  La única excepción a este principio es la que se refiere a los
casos de fuerza mayor.
La Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común regula en su Título X la responsabilidad de las administraciones públicas y del
personal a su servicio.  En la práctica se ejercita muy rara vez y se recurre a la responsabilidadIP/Q4/ESP/1
Página 22
subsidiaria del Estado en caso de mal funcionamiento de los servicios públicos.  Por su parte, el
artículo 41 contempla la responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas respecto de la
tramitación de los procedimientos.  En este mismo sentido existe, además, responsabilidad
disciplinaria, según se establece en el artículo 74.
Sólo en los casos de fuerza mayor, según se dispone en el artículo 139.1, los particulares
lesionados en sus bienes o derechos no tendrán derecho a indemnización.
Por lo que se refiere a jueces y magistrados, como principio general, la LOPJ, en su
artículo 411, dispone que éstos responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren
cuando, en el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa.  Su responsabilidad penal se
regula en los artículos 405 a 410 de la misma Ley.  Con arreglo a los principios generales del derecho
penal el hecho les ha de ser imputable a título de dolo o culpa.
El dolo implica intencionalidad.  La culpa viene a suponer la concurrencia de negligencia o
ignorancia no excusables.  La buena fe normalmente excluirá la responsabilidad, salvo que
la negligencia o ignorancia sea de tal calibre que no pueda ser excusada según puede deducirse
del artículo 903 de la LEC.
En cualquier caso, los daños causados en cualesquiera bienes y derechos por error judicial, así
como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia darán atodos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado en las condiciones que se
prevén en el Título V -artículos 292 a 297- de la  LOPJ, siempre, eso sí, que el daño sea efectivo,
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
Medidas cautelares o provisionales
13. En el párrafo 3 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de
establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobrelos ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su
carácter de titular del derecho.
Como requisitos generales la adopción de medidas provisionales requiere la existencia de
"fumus bonnis iuris ", es decir la apariencia de buen derecho, y del " periculum in mora ", esto es, del
peligro de resultado dañoso que se derivaría para el solicitante de no acordarse prontamente
la medida.
La apariencia de buen derecho debe valorarla el juez en función del juicio positivo que le
merezca la petición, desde el punto de vista del concreto derecho aparentemente existente en quien
solicita la medida y de la ilicitud concurrente en la conducta de la persona contra la que se solicita.
El peligro de demora en acordar la medida para los intereses del solicitante no tiene que hacer
referencia a que con el retraso se ponga en riesgo el resultado de la sentencia definitiva del asunto
principal, sino a que lo que ha de analizarse es si se presenta como peligrosa la continuidad de lainfracción para los intereses del peticionario dada la dificultad de reparación del daño que se esté
causando moral y patrimonialmente.
Con carácter general rige en el proceso civil español el principio de valoración conjunta de la
prueba con resquicios de la "prueba tasada".  En los procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual el juez puede valorar en cada caso con arreglo a aquellos principios generales siresulta acreditada la titularidad del derecho, pero sólo descendiendo al casuismo y al análisis de lasIP/Q4/ESP/1
Página 23
resoluciones judiciales que en la materia puede determinarse lo que en cada caso determinó la
consideración de la acreditación de dicho requisito.
Normalmente, sin que pueda llegarse a conclusiones exhaustivas, los jueces podrán
comprobar la verosimilitud inicial del derecho a través de muy diversos medios, pero preferentemente
los determinantes serán los documentales.  Así, podrían citarse:
- en el caso de derechos de autor, la presentación de una certificación del Registro de la
Propiedad Intelectual en el que son objeto de inscripción, con carácter meramente
declarativo (no constitutivo) tales derechos, o acreditaciones documentales de
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual u otras organizaciones
internacionales.  Con respecto al Registro español de la Propiedad Intelectual, la LPI
en su artículo 140.3 establece una presunción " iuris tantum ", que admite prueba en
contra, de que los derechos inscritos en el mismo existen y pertenecen a su titular enla forma especificada en el correspondiente asiento registral.  Por ejemplo, en un
supuesto de suspensión de actos de comunicación pública, dicha apariencia existirá
cuando el solicitante tiene presuntamente el derecho y quien realiza tales actos carece
de autorización;
- respecto de indicaciones geográficas, certificaciones de origen de las mismas de los
organismos nacionales e internacionales competentes;
- en materia de propiedad industrial, no existe jurisprudencia al respecto, ya que las
acciones judiciales de infracción de derechos de propiedad industrial sólo pueden ser
interpuestas por titulares de derechos inscritos.  La prueba de titularidad es de fácil
cumplimiento:  aportar el título.
En cuanto a la prueba de la infracción o de la inminente infracción, depende de las
circunstancias del caso.  Normalmente se podrá recurrir a las diligencias previas de comprobación
de hechos.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
14. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se
sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de
comercio.
El titular de un derecho, o su representante legal, podrán solicitar de las autoridades
aduaneras, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, un Acuerdo de Intervención cuando
tengan motivos para sospechar que se prepara la importación o exportación  de mercancías con marcas
de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías piratas.
Dichos Acuerdos de Intervención se conceden por el plazo de un año, prorrogable a petición
del titular del derecho.  Durante el período de vigencia del Acuerdo se comunican, al titular delderecho o a su representante legal, todas las suspensiones de despacho que se refieren a la marca para
la que fue solicitada la intervención, para que en un plazo de 10 días hábiles puedan efectuar las
comprobaciones pertinentes y ejercer las acciones oportunas.IP/Q4/ESP/1
Página 24
15. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención
infundada de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al
demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una
indemnización por el daño causado por la retención infundada, y citar la ley y los reglamentosaplicables.
Previo al Acuerdo de Intervención, se exige la presentación de un compromiso escrito de
responsabilidad por el que el titular del derecho se compromete a cubrir su responsabilidad frente al
importador o exportador, debido a un acto u omisión del titular del derecho o en caso de que,
posteriormente, se compruebe que las mercancías no son con usurpación de marca o piratas.
Asimismo, habrán de comprometerse a garantizar el pago del importe de los gastos en los que se haya
incurrido, como consecuencia de haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero, todo elloconforme se establece en el artículo 3.6 del Reglamento (CE) Nº 3295/94 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1994.
16. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentarsus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derecho
oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
Mediante telefax, se comunica al titular del derecho o a su representante legal, la retención de
las mercancías y la aduana en que se ha realizado.
La aduana exigirá a la persona que vaya a inspeccionar las mercancías, documento por el cual
acredite ser el titular del derecho o su representante legal.
17. En el artículo 57 se estipula asimismo que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto
sea favorable al titular del derecho, las auto ridades competentes podrán asimismo estar
facultadas para comunicar al titular del d erecho información acerca del importador, del
consignador y el consignatario.  Si las autoridades competentes de España pueden comunicar
información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho,
sírvanse explicar cómo se proporcionan al de mandante las informaciones acerca de los nombres
y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de
mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la
infracción, es decir, si las autoridades comu nican automáticamente la información o previa
presentación de una solicitud por escrito del titular del derecho, etc.
Asimismo se comunicarán los siguientes datos:
- Valor y cantidad de la mercancía.
- Nombre y dirección del importador o exportador.
- Nombre y dirección del destinatario.
18. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de España, unaimportación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
Se entiende que quedan excluidas del ámbito de aplicación de estas normas, las mercancías
contenidas en el equipaje personal de los viajeros y que por su pequeña cantidad y bajo precio noIP/Q4/ESP/1
Página 25
estén destinadas al comercio.  En cualquier caso, el valor de la mercancía no podrá ser superior
a 175 ecus.
Procedimientos penales
19. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las
sanciones previstas en las leyes de España cumplen con esta obligación.
La mera consideración de las sanciones penales que aparecen recogidas en la respuesta de
España a la pregunta 24 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia10 confirma el carácter
disuasorio de la normativa española por lo que hace referencia al artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Como se señala en dicha respuesta, las sanciones pueden llegar a los cuatro años de prisión,
tanto para los delitos en materia de derechos de autor y derechos conexos como para los delitos en
materia de propiedad industrial.  Está prevista, además, la posibilidad de imponer sanciones de otro
tipo, que también pueden alcanzar un elevado grado de severidad.  Así, puede decretarse el cierre,
incluso definitivo, de la empresa del infractor y la inhabilitación de éste para el ejercicio de laprofesión relacionada con el delito cometido, durante un período de hasta cinco años.
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse proporcionar información estadística relativa a los procedimientos civiles
destinados a asegurar la observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio,
las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de
trazado de los circuitos integrados y los secr etos comerciales en cada uno de los años 1996
y 1997, y en particular información sobre el número de expedientes iniciados;  los
mandamientos judiciales dictados;  las mercancías infractoras confiscadas;  el equipo infractor
confiscado;  los casos resueltos (inclusive los casos en que se ha llegado a un arreglo);  y la
cuantía de la indemnización por daños otorgada.
No han sido efectuadas estadísticas oficiales sobre los particulares requeridos en la pregunta.
2. Sírvanse proporcionar información estadística relativa a la aplicación de medidas
penales destinadas a asegurar la observancia en la esfera de la piratería lesiva del derecho deautor y las infracciones en materia de marcas de fábrica o de comercio en cada uno de los
años 1996 y 1997, inclusive el número de registros, enjuiciamientos y condenas, así como la
cuantía de las multas y la duración de las penas de prisión (en particular, si se pagaron las
multas y si las penas de prisión se cumplieron o fueron suspendidas) y cualquier otra
información que permita comprobar que su ordenamiento penal es eficaz para reprimir lapiratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.
No han sido efectuadas estadísticas oficiales sobre los particulares requeridos en la pregunta.
Unicamente, según los datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado referidos a 1996, puede
afirmarse que los procedimientos penales incoados por delitos contra los derechos de autor y derechosconexos fueron un total de 322 y por delitos contra la propiedad industrial un total de 767.
                                                     
10 Documento IP/N/6/ESP/1.IP/Q4/ESP/1
Página 26
3. Sírvanse indicar si puede ordenarse la adopción de las medidas provisionales requeridas
por el artículo 50 sin notificar al demandado, y bajo qué circunstancias.
La respuesta a si pueden ser adoptadas medidas provisionales inaudita altera parte  es
positiva, como ya se explicó en la contestación de España a la Lista de Cuestiones sobrela Observancia.
10
En el ámbito del procedimiento civil, con carácter general, el artículo 1428 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, referido a las medidas cautelares, permite esta posibilidad, si bien los posibles
daños que pueden irrogarse al demandado no oído deben cubrirse con una fianza adecuada.  Las
circunstancias bajo las que pueden acordarse sin audiencia previa no están específicamente
explicitadas en los textos legales, pero el criterio a seguir es el de su adopción en casos de resultarprocedente y concurrir urgencia o peligro inminente de frustración de sus fines si se produce demora
en la audiencia del demandado.  En consecuencia, se impone la audiencia previa como regla general y
se viene a procurar la excepcionalidad de la adopción de medidas cautelares sin la misma para los
supuestos de urgencia y necesidad.
Específicamente, además de medidas cautelares strictu sensu , la Ley de Propiedad Intelectual,
en su artículo 137, permite en el concreto ámbito de protección de los programas de ordenador, que el
juez, inaudita altera parte , requiera informe u ordene las investigaciones que estime oportunas.  La
Ley de Competencia Desleal en su artículo 25, apartado 2,
 asimismo establece la posibilidad de
adopción de medidas cautelares inaudita altera parte  "en caso de peligro grave e inminente", a
adoptar "dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud", con remisión subsidiaria
al régimen general del artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  Igualmente, el artículo 129 de
la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, permite efectuar al juez en el curso de diligencias de
comprobación de hechos este tipo de actuaciones, requiriendo los informes y ordenando las
investigaciones que estime oportunas.
En el curso del procedimiento penal pueden ser adoptadas las mismas medidas, existiendo por
demás la posibilidad de acordar el secreto del sumario durante la instrucción de la causa.
Finalmente, sólo queda señalar que en la actualidad está en estudio un anteproyecto de una
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la que se regularán las medidas cautelares inaudita altera parte .
__________